Pasan los meses y seguimos en el mismo impás. Un impás que se refleja en este correo que hemos recibido, de una afectada que lleva 17 meses esperando cobrar la RVI, correo que ha enviado a un técnico de la Generalitat, perteneciente al gabinete de la primera vicepresidencia, al gabinete de Mónica Oltra:

"Hace un mes y medio que me llamaste y escribiste para decirme que mi solicitud de la Renta Valenciana de Inclusión estaba en la territorial en el estado “Propuesta aprobada trámite inicial” y que harías un seguimiento de mi expediente. Posteriormente no has contestado a mis correos, ni atiendes al teléfono.

En el 012 me dicen que no me pueden dar información y que llame a servicios sociales, donde tampoco me cogen el teléfono.

Por favor, necesito y estoy es mi derecho que alguien me atienda y me de información sobre qué pasa con mi expediente y de que a quien responda se responsabilice de que se hayan cumplido todos los plazos que marca la ley. Presenté la solicitud en noviembre de 2018 y el ayuntamiento envió mi expediente a la territorial en noviembre de 2019, mi situación es extrema.

No se cómo podéis dormir por las noches!!

Manuela."

Mientras esto ocurre Generalitat i Ajuntament d'Alacant (podríamos incluir aquí a muchos otros ayuntamientos como el de Torrevella donde vive Manuela) vuelven a acusarse mutuamente y mentir para así eludir su responsabilidad en el caos de la RVI. El Ajuntament d´Alacant, y muchos más consistorios, han boicoteado por interés político la aplicación de la Ley y siguen haciéndolo ahora al cerrar los centros sociales, por su parte, la Generalitat   sigue negándose a aplicar el silencio administrativo que contempla la Ley en su artículo 28.2, lo que aliviaría la angustiosa situación de miles de personas. Mientras tanto, esas personas siguen sufriendo el abandono y el desprecio de las administraciones. Desprecio que queda patente en esta noticia publicada por Radio Alicante cadena SER y que reproducimos a continuación. Una abraçada, la redacció

https://cadenaser.com/emisora/2020/04/24/radio_alicante/1587747135_003013.html

Cruce de acusaciones entre Generalitat y Ayuntamiento porque no llega la Renta Valenciana de Inclusión

 

El Ayuntamiento exige que se abonen los más de 730 expedientes tramitados y la Generalitat contesta que, una vez están en el sistema, las ayudas se pagan y critica que el bipartito cerrara los centros sociales municipales, lo que aseguran que retrasa todo el proceso

PP y Ciudadanos llevarán una declaración institucional al próximo Pleno para urgir a la Generalitat a que abone los 733 expedientes favorables tramitados de la Renta Valenciana de Inclusión para familias alicantinas. Recuerdan que en la sesión de febrero se aprobó esta petición para que todas estas personas pudieran cobrar al tener informes favorables. E instan a agilizar los expedientes restantes hasta los 1.317 tramitados desde el Ayuntamiento.

Desde el bipartito destacan además que, durante el confinamiento, la Concejalía de Acción Social ha tramitado otros 80 de urgencia a pesar de las limitaciones por la emergencia social de la COVID19.

Pero desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas responden que, una vez están en el sistema, las ayudas se pagan. Y recuerdan que durante esta pandemia, el Ayuntamiento de Alicante tiene cerrados sus centros sociales. Algo que además de ampliar los retrasos en la tramitación de la renta, dificultará el acceso de los alicantinos a las ayudas extraordinarias aprobadas por la Conselleria con motivo de la pandemia. Ayudas que pretenden para reforzar la atención a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad, y que son de 200 euros por familia y mes.

Además, recuerdan que este decreto también contempla fondos para la contratación de 4 personas durante 6 meses destinadas a trabajar en los barrios inclusivos. Y que, por tanto, el Ayuntamiento debería contratar a este personal.

Responden además que la provincia de Alicante cuenta en estos momentos con 9.973 familias que se benefician de la Renta Valenciana de Inclusión. Y que la nómina durante el pasado mes de marzo ascendió a 5,6 millones de euros.

Mientras, las personas sufren la falta de coordinación

 

Mientras tanto, la gente sigue sufriendo para subsistir cada día debido a la falta de coordinación de las administraciones. Es el caso de Verónica, que asegura estar desesperada por la falta de respuesta institucional.

Lleva más de un año esperando a recibir la Renta Valenciana de Inclusión, pero ahora le dicen del Ayuntamiento que todo este asunto está paralizado y solo pueden ofrecerle la ayuda básica de alimentación. Una paralización que desde la Conselleria, asegura, desconocen.