LEY MORDAZA Y REPRESIÓN EN TIEMPOS DE CORONAVIROS

Dicen que el estado de alarma es imprescindible para controlar y atajar la pandemia del coronavirus, pero expertos en medicina dudan de que esta sea la mejor manera de afrontar la situación.
Lo llamativo es que un gobierno que decía que iba a derogar la famosa Ley Mordaza lo haya aplicado sin haber llevado a cabo dicha derogación. Y aquella, la Ley Mordaza, sea el arma utilizada para imponer un confinamiento que quizás traiga consigo daños irreparables para un sector importante de la población, el sector más vulnerable que lleva siendo maltratado por las políticas gubernamentales desde hace años.
Traemos aquí un texto de la Plataforma contra la Criminalización Social que nos muestra como la Ley Mordaza se está aplicando en Euzkadi, situación que podemos trasladar a todos los rincones del Estado español.
Una abrazada confinada y resistente, la redacció

 

 LEY MORDAZA Y REPRESIÓN EN TIEMPOS DE CORONAVIROS

Hoy se cumplen 5 años de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida junto con las reformas introducidas en el Código Penal como leyes mordaza, cuya motivación fundamental ha sido criminalizar la protesta social pacífica y sacar a la ciudadanía de las calles mediante el miedo y la represión, principalmente con la amenaza de duras sanciones económicas y provocando graves situaciones de indefensión.

En 2016 el Parlamento Vasco aprobó una resolución de rechazo a la ley por ser una norma que "vulnera derechos fundamentales" y "convierte en delito el trabajo periodístico y la libertad de expresión”. Pero desde el inicio el Gobierno Vasco incumplió dicha resolución. Según los últimos datos aportados por el Departamento de Seguridad, en el año 2018 se sancionaron un total de 5.606 infracciones en la Comunidad Autónoma Vasca en aplicación de la ley mordaza, por expedientes iniciados tanto por la Ertzaintza como por las Policías Locales. De estas sanciones 593 fueron por desobediencia o resistencia a la autoridad y 748 por faltas de respeto. En 2019 las sanciones aumentaron a 5.960, 682 por desobediencia o resistencia y 941 por faltas de respeto.

Como venimos denunciando desde la aprobación de la ley, esto se ha convertido en un gran negocio para los gobiernos vasco y español. En 2018 se recaudaron en el conjunto de la Comunidad Autónoma un total de 598.775,80 € (55.108,55 € en Araba, 258.232,94 € en Bizkaia y 285.133,31 € en Gipuzkoa). En 2019 la recaudación total fue de 696.038,95 € (91.621,70 € en Araba, 286.628,92 € en Bizkaia y 317.788,33 € en Gipuzkoa).

Esta situación se ha agravado desde la aprobación del actual estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19. Entre el 14 y el 25 de marzo los diversos cuerpos policiales del estado impusieron 144.555 multas al amparo de la ley mordaza por incumplir las normas de confinamiento, la mayoría con sanciones de 600 euros. Este número ha triplicado en diez días a las sanciones impuestas por Italia en un mes. En la Comunidad Autónoma Vasca la Ertzaintza impuso 3.204, es decir, más de la mitad de las que impusieron en todo el año 2019 la Ertzaintza y las policías locales conjuntamente.

Nos encontramos en una situación crítica que exige la responsabilidad conjunta y consciente de toda la ciudadanía, pero intentar imponer dicha responsabilidad a base de miedo, denuncias, chivatazos y control policial solo conduce a las sociedades a una inseguridad que nos lleva a asumir como necesarias la deriva autoritaria y el abuso y arbitrariedad policiales, como ya estamos comprobando en diferentes casos.

En este sentido diversas organizaciones de Derechos Humanos han exigido al Ministerio de Interior que los cuerpos policiales actúen con proporcionalidad durante el estado de alarma, y que investiguen algunas situaciones de violencia institucional, ya que, según lo dispuesto en el propio decreto que regula dicho estado, el gobierno y la policía tienen la obligación legal de proteger los derechos de la ciudadanía en las intervenciones de sus agentes y garantizar que el marco democrático de derechos fundamentales sea el que rija todo accionar institucional.

Asimismo, expertos de Naciones Unidas, junto con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han recordado que las declaraciones de estados de emergencia no pueden usarse “para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud”. Y el Defensor del Pueblo ha emitido un comunicado en el que manifiesta que, en estas circunstancias especiales, nuestros derechos más fundamentales deben continuar “igualmente garantizados, porque la democracia no se suspende por muy difícil que sea el reto” y que todo el resto de derechos y libertades, “si han de ser restringidos, temporal y limitadamente, no han de perder su esencia”.

Por todo esto queremos recordar que el estado de alarma no da carta blanca para que los cuerpos de seguridad del estado incumplan derechos fundamentales y, para conseguir esto, pedimos una vez más la abolición de las leyes mordaza.

PLATAFORMA CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN SOCIAL:

Asociación de Trabajadoras del Hogar // Berri-Otxoak // Bizkaiko SOS Arrazakeria //Ernai // Fundación Paz y Solidaridad // Greenpeace Euskadi // Kaleratzerik Ez // KEM-MOC // Komite Internaczionalistak // M15M // Mugitu! // Mujeres del Mundo Babel // Plataforma de Sin Papeles Mbolo Moy Doole // Sagarrak Ekologista Taldea // SalHaketa Bizkaia // Sare Antifaxista //Tosu Betirako