El pasado 12 de noviembre se constituyo la Plataforma No Somos Delito Alacant. La plataforma nace como una respuesta a la política de represión silenciosa, a base de multas administrativas, que desde hace dos años viene aplicando la subdelegación del gobierno de Alacant a los movimientos sociales.
Más
de medio centenar de personas han sido expedientadas en este período,
acusadas de participar en actos de protesta y denuncia de las
políticas gubernamentales relacionadas con el desempleo, los
recortes sociales, la corrupción, las obras faraónicas, los bancos
que no quieren negociar las hipotecas y la denuncia de la actuación
del gobierno ante el drama de los desahucios.
En un primer momento
centró su atención en los participantes en algunos escraches
ante las
sedes del PP y PSOE,
lo que ocasionó la imposición de sanciones de
300 euros a dos conocidos activistas sociales
miembros de Toma la Plaza.
Meses más tarde se
impusieron otras dos
sanciones de 301 euros a
personas de Marea Roja por
denunciar la tragedia del
desempleo y proponer
soluciones al mismo.
La protesta con motivo de
la inauguración de la obra del AVE comportó la apertura de
expedientes a 38 personas, cuatro de las cuales están en los
juzgados pendientes de juicio, algunas de ellas con obligación de
presentarse ante el juez cada dos semanas. En este caso, en su furor
sancionador, la Subdelegación llegó a imponer sanciones a personas
que no estaban en la protesta sino en el médico o en otras
ocupaciones…
En los tres últimos
meses los expedientes y sanciones se han cebado en los participantes
en las protestas contra los bancos que se niegan a negociar los
desahucios, acciones convocadas por la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios. Han sido denunciadas 7 personas,
algunas de ellas con acumulación de hasta cuatro expedientes en uno
y amenazadas con sanciones económicas que oscilan entre 300 y 450
euros.
No Somos Delito, ademas de denunciar
esta situación, quiere luchar contra la Ley de Tasas Judiciales, el
proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y la Reforma del
Código Penal, tres leyes que cerraran un circulo de represión con
el que se quiere acallar la protesta ciudadana. Dicha plataforma está
formada por los siguientes colectivos: Toma la Plaza Alacant,
Stop-Desahucios, CGT, Esquerra anticapitalista y Marea Roja Alacant.
Como primer acto público el pasado 25 de noviembre se llevo a cabo
una concentración, a la que acudieron unas 70 personas (la
concentración tuvo cierta repercusión mediática, salió en los
informativos locales de Onda Cero y la SER y una reseña en el
periódico Información que adjuntamos al final) y en la que se leyo
el siguiente manifiesto:
Que
la protesta y la discrepancia no le gustan al Poder es algo conocido.
Desde hace unos dos años, para intentar acabar con ella, se está
utilizando masivamente un modo de represión silenciosa que consiste
en imponer multas administrativas a las personas que participan en
los actos de protesta. La excusa para imponerlas es diversa, no haber
comunicado la acción en tiempo y forma o que, en dicha acción, se
haya dicho o hecho algo que no guste a la autoridad competente
(muchas veces se ha mentido o manipulado por parte de las autoridades
policiales para poder imponer las multas, se las han puesto a
personas que no estaban presentes o se han cambiado los horarios de
la concentración para justificarlas) Esta situación ha generado
mucha indefensión, pues los recursos nunca se ganan ya que la
palabra del policía tiene más valor que las pruebas presentadas, y
como consecuencia de ello cunde la desmovilización.
Las
únicas posibilidades que han dejado para contrarrestar las multas
son los recursos (administrativo o penal), pero la Ley de Tasas que
se aprobó por la misma fechas en que empezó la lluvia de sanciones
vuelve muy complicada dicha posibilidad (recurrir una multa cuesta a
veces lo mismo que pagarla y si se pierde el recurso, la cantidad a
pagar entre tasas, costas y la propia multa puede multiplicar por
cinco el importe inicial)
Hemos
llegado a una situación en que si no comunicas la concentración hay
multa y si la comunicas, muchas veces, no se admite la comunicación
por razones tan subjetivas como posible alteración del orden
público, cuando es bien sabido que la inmensa mayoría de las
concentraciones, tanto comunicadas como no comunicadas no han
generado ningún problema de orden público.
Pero
no contento con esto, el Poder está tramitando dos Proyectos de Ley,
que junto a la Ley de Tasas cierran el circulo de la represión
perfecta, la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y la Reforma
del Código Penal. Con las tres leyes discrepar o ser diferente se
convierte en delito (es el caso de los enfermos mentales o de los
emigrantes, que son criminalizados en ambos proyectos) un delito que
pretende cerrar las bocas y convertirnos en consumidores silenciosos.
Se
nos quiere callar, para que no contestemos; se nos quiere
criminalizar, para asustarnos; se nos quiere castigar para
escondernos, mientras
tanto,
se
nos arrebata lo que es nuestro a través de los recortes sociales.
Por
ello, desde
La
Plataforma No Somos Delito, consideramos
que estamos en un momento fundamental para que las organizaciones
sociales hagamos
un llamamiento contundente para pedir la retirada de dichas
leyes
(La
Ley
Mordaza
que se quiere aprobar antes de final de año, la
Ley de Tasas que implantó Gallardón y la Reforma del Código Penal
que nos transforma en delincuentes por el hecho de discrepar o
ser diferentes)
Leyes
que
vulneran
derechos fundamentales recogidos en esa
Constitución en
la que se amparan,
como son, entre
otros,
el derecho de reunión y de libertad de expresión.
DEROGACIÓN
DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES
Y
RETIRADA
DE LOS PROYECTOS DE LEY
DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
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