Iniciativa
Legislativa Popular
POR
LA RENTA BÁSICA ESTATAL
EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS
“No somos
mercancías en manos de políticos y banqueros”. En las plazas de
todo el Estado, han resonado durante el año 2011 estas palabras
indignadas, expresando el hartazgo de la ciudadanía.
La crisis multiplica
el número de damnificados por las políticas capitalistas y
neoliberales. Ello ha supuesto que 5.977.500 de personas se
encuentren en situación de desempleo según datos de la EPA del
segundo trimestre de 2013; recortes sociales en sanidad, educación o
de ayudas a la dependencia mediante menor asignación presupuestaria
y privatizaciones, entre otras; y un preocupante aumento de la
precarización de las condiciones laborales y los abusos ejercidos
sobre los trabajadores.
La carencia de
empleo y de ingresos constituye uno de los principales motivos de
desahucios. Según el Consejo General del Poder Judicial, el número
de desahucios (lanzamientos) en 2012 era de 101.034 y para 2013
estima que el 37,5% será motivado por ejecuciones hipotecarias y el
57,7%, ejecuciones de arrendamiento. Resulta inadmisible que en un
estado democrático, social y de derecho a la vez que el uso y
disfrute de una vivienda digna, el empleo en un trabajo digno y la
garantía de suficiencia económica de las personas son
constitucionalmente declarados, se consienta que simultáneamente
existan situaciones en las que a las personas se les prive de ellos.
Mientas tanto, el
Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astronómicas de
dinero público, los barrios se deterioran a marchas aceleradas, el
número de personas que no disponen de ningún tipo de prestaciones
sociales acrecienta a medida que se desarrolla el periodo de crisis,
el fantasma de la pobreza infantil vuelve a asomarse en nuestra
realidad cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y suicidios,
los comedores sociales y programas de alimentos se ven desbordados.
Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando la
libertad real de millones de personas y expulsándolas a la cuneta, a
la exclusión social.
Junto a la pobreza
conocida emergen nuevas formas de marginación y precariedad. En el
Estado español, la tasa de personas en riesgo de pobreza y/o
exclusión social es del 27% para el año 2011 según EUROSTAT. Casi
la mitad de los jóvenes se encuentran en paro, condenados a vivir en
casa de sus padres; la emigración acaba constituyendo la única
perspectiva incluso para muchos jóvenes con titulación
universitaria, emigración obligatoria que desde las tribunas del
poder se atreven a afirmar, sin pudor alguno, que constituye una
fortaleza para los jóvenes y para el conjunto del Estado.
En esta situación,
las ayudas no contributivas y las correspondientes a rentas mínimas
establecidas por las instituciones públicas, muy dispares entre los
distintos territorios que conforman el Estado español, muestran
descarnadamente su radical inadecuación a la realidad, se revelan
insuficientes para la condición de habitabilidad digna de las
personas y se terminan convirtiendo en una miserable carrera de
obstáculos debido a su excesiva burocratización y a su
condicionamiento a situaciones de emergencia límite que no cubren la
situación de emergencia social generalizada.
A los que mandan se
les llena la boca de palabras como pleno empleo, Estado del Bienestar
o protección social. Y las leyes fundamentales, tales como la
Constitución Española o los Estatutos de Autonomía establecen con
solemnidad esos derechos sociales elementales, que en una gran
proporción de los casos no son ejecutados por su supeditación a la
supremacía económica. Ha llegado la hora de exigirles que cumplan
las leyes y que sus hechos se compadezcan de sus bonitos discursos.
Toda la situación
expuesta en este preámbulo supone una flagrante violación del
Derecho a la vida expuesto en el artículo 15º de la Constitución
Española y en el 3º de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Por ello, de la unión de un gran número de personas ha
surgido el “Movimiento Contra el Paro y la Precariedad. Por una
Renta Básica Ya”, apoyado por distintos colectivos y movimientos
sociales, para decir basta
y exigir una respuesta urgente a esta situación. Consideramos que
una de las primeras medidas a tomar es la implantación de la Renta
Básica a nivel estatal. En esta propuesta se dan la mano la lucha
contra la marginación social y la pertinencia de dar cauce a un
nuevo derecho de personas, cuya reivindicación se ha ido asentando
en los últimos años.
El nivel de pobreza
que ha alcanzado el conjunto del Estado español se sitúa en el
13,7%, según datos de la OCDE, y no es previsible una mejora en el
medio plazo. De su solución no deben encargarse las llamadas
agencias de caridad, el sector privado, ni el tercer sector. De lo
contrario, esta realidad debe ser entendida como una situación
social y colectiva, de emergencia y estructural, de degradación de
las condiciones de vida. En base a ello, es el Estado el responsable
en su eliminación.
Así Renta Básica
es un instrumento factible de erradicación de la pobreza, un
mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que
puede dar seguridad económica a la población frente a la
incertidumbre y la arbitrariedad, permite iniciar otros modos de
vida, fomenta la igualdad de género y contribuye a eliminar los
estigmas sociales.
Estimamos que la
Renta Básica puede ser un pilar del nuevo sistema de bienestar y un
instrumento útil para defenderse del deterioro de las condiciones de
vida que impone el capitalismo global. Pero, para que constituya una
herramienta de transformación social, es preciso superar la
manipulación que ha sufrido el concepto por parte de los poderes. La
Renta Básica que defendemos no es una limosna, una prestación
asistencial, ni un salario de pobres. No queremos una ayuda
graciable, mangoneada por la administración de turno, sino un
derecho inherente a la condición de personas. Consideramos la Renta
Básica una propuesta para hacer justicia, no una medida para
practicar la caridad pública, perpetuar los guetos y la segregación
social. Defendemos el modelo de Renta Básica de las Iguales, modelo
que vienen defendiendo diversos movimientos sociales tales como
Baladre, así como otros modelos en los que trabajan un gran número
de colectivos y movimientos del Estado español que vienen luchando
por una Renta Básica como un derecho con las características de
individualidad universalidad, e incondicionalidad (o no sujeto al
mercado de trabajo) y que ha sido culminado por una Iniciativa
Legislativa Popular autonómica llevada a cabo por la Plataforma
Extremeña contra la Exclusión Social y los Campamentos Dignidad,
contando con un gran consenso de la población.
Concebimos la
Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica como una
herramienta para sacar de la intemperie a miles de personas, pero
también para combatir el miedo y la desmovilización social. “No
hay pan para tanto chorizo”, se ha gritado con rabia en las plazas.
No hay dinero para saciar la codicia de los delincuentes de cuello
blanco. Sí hay y debe haber recursos para garantizar una vida
austera pero digna a todas las personas. Por todo lo expuesto,
presentamos la siguiente Iniciativa Legislativa Popular:
Artículo 1.
Derecho a la Renta
Básica. Se establece el derecho de todo persona, por el hecho de
haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus
necesidades básicas. La Renta Básica se constituye como derecho
individual, universal e incondicional.
Disposición
transitoria.
La cuantía de la
Renta Básica será la equivalente al Umbral de la pobreza fijado en
“el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por
unidad de consumo adjudicados a las personas”, será de 645,33
euros mensuales correspondiendo al último dato expuesto por EUROSTAT
(año 2011), tendiendo a equipararse en los años sucesivos al
equivalente del mismo concepto.
Disposición
Adicional Primera.
Aplicación gradual.
Se establecen dos fases de implementación de la Renta Básica. Una
primera fase que entrará en vigor de forma inmediata tras la
aprobación de la presente Ley. Afectará a todas las personas
domiciliadas en el Estado Español e inscritas en el Servicio Público
de Empleo correspondiente a cada territorio, que no tengan cobertura
por desempleo ni dispongan de otros ingresos. De la misma manera
afectará a aquellas personas cuyas rentas, ya provengan de salarios,
subsidios o pensiones públicas, sean inferiores a la cuantía de
Renta Básica prevista en este texto, complementando los mismos hasta
alcanzar la cuantía establecida para la Renta Básica.
En la segunda fase,
se regulará la extensión de la Renta Básica como derecho
universal, integrando pues al resto de personas.
Disposición
Adicional Segunda.
Los poderes públicos
promoverán la implantación de la Renta Básica en el ámbito del
Estado Español y de la Unión Europea.
