Grupo desemsemplead@s y precari@s de Toma la Plaza (15-M) d´Alacant.
Si estas desemplead@, si estas harta, si quieres que cambien las cosas. Los domingos de 12 a 14 horas en la plaza de la Muntanyeta en la asamblea de Toma la Plaza Alacant-15M o los miércoles de 10 a 12 horas en el Punto de información y Denuncia sobre derechos sociales situado en la calle Tabarca 12 bajo, local de Ecologistes en Acció. O por correo electrónico, marearojalacant@gmail.com. Ponte en marcha, te esperamos.
¿Qué es la Marea roja?
" La marea roja comienza cuando las personas desempleadas nos damos cuenta que nuestra situación no es temporal y tampoco lo es nuestra marginación.
Cuando percibimos que si nos movemos algo puede cambiar. Cuando nos damos cuenta que somos muchas y no tenemos nada que perder.
Cuando asumimos que tenemos mucho tiempo para actuar y ha llegado la hora de salir a escena. Que tiemble el sistema, pues la Marea roja ha iniciado su marcha."
El 19 de junio de 2020, una vez finalizado el confinamiento la Asamblea de afectadas por el caos en la RVI llevo a cabo una Concentración-Performance en repulsa por el sufrimiento que el caos en la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión ha causado y sigue causando en muchas personas valencianas, y decimos valencianas porque viven aquí, en el País Valencià.
La concentración se produjo en la Plaça de l'Ajuntament, entre otras cosas por la actitut nefasta de la Concejal de Acción social durante el confinamiento y por el bloqueo continuo en la tramitación de la RVI.
Sufrimiento del que no solo la Sra. Llopis es responsable, lo es también la Sra. Oltra y todas aquellas y aquellos concejales de acción social de muchos municipios de la Comunitat Valenciana.
Sra Julia Llopis, concejala de Acción Social de Alacant, si ladramos es por la FRUSTRACIÓN que nos genera su actitud de prepotencia y menosprecio. Somos personas, no objetos desechables. Por ello
queremos la RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES.
Sra. Llopis, vamos a llevar a cabo un minuto de silencio y durante ese minuto le vamos a dar la espalda, a usted a todos esos políticos que miran para otro lado ante las desigualdades. Y por qué lo vamos a hacer, muy sencillo, porque NO NOS REPRESENTAN
El IMV
vino, según nos contaron, a acabar con la pobreza extrema, mas se creo
con
unos requisitos muy restrictivos que de entrada deja fuera a 1,56
millones de personas que viven en esa
situación.
Pero
la cosa no quedó ahí, en su gestión se aplican
unos criterios arbitrarios que
le permite al INSS
rechazar 8 de cada 10 solicitudes. De
esta manera han logrado que a fecha de 31
de diciembre de 2020, tras
más de 6 meses de funcionamiento
solo cobraban esta ayuda 160.000 hogares, unas 460.000 personas,
hogares
que al pasar a cobrar el IMV han perdido los famosos puntos, ayuda
por hijo a cargo, y han tenido que devolver lo cobrado en 2019 y
2020 por ese concepto.
Tras
conseguir que sólo algo
más del 4% de las personas en situación de pobreza del estado
español cobrara
esta ayuda a finales de 2020, la gestión no ha mejorado, las
denegaciones siguen al mismo ritmo, miles y miles de familias ven
rechazada su solicitud por las causas más insospechadas y absurdas,
y las reclamaciones que se ponen a esas denegaciones reciben la
callada como respuesta.
De esta
manera una
ayuda que tiene presupuestados tres mil millones de euros para este
año, solo ha
entregado
en
los 6 primeros meses algo
más de 600 millones ¡¡VIVA EL AHORRO!!! Y el Ministro
Escrivá lo celebra poniendo los pies sobre la mesa y pidiendo paciencia, como buen trilero
del Mississippi
Frente a
este maltrato El
Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales se traslada
el próximo 21 de julio a las puertas de la dirección provincial del
INSS para denunciar este fraude
que es el Ingreso Mínimo Vital y
el atentado a los derechos sociales que supone.
El pasado 30 de junio, ante los datos alarmantes sobre la situación social en el estado español y, en concreto en el País valencià, celebramos una asamblea abierta entre las personas que suelen pasar por el punto de información a asesorarse o solicitar ayuda para ver cómo afrontar su situación.
Fuimos 30 personas, aproximadamente un 10% de las personas que hemos pasado por el punto en el último año, las que quisimos reflexionar sobre la situación social y plantearnos acciones para internar mejorarla.
Antes de relatar que propuestas surgieron en la asamblea o tras ella, queremos plasmarlos en esta crónica unos datos preocupantes que nos generan rabia, desconcierto y, a muchas, desánimo, dato.
1. La Pobreza en el Estado español en datos.
Oxfam Intermón estima que en 2020, en el Estado español, las personas por debajo del umbral de la pobreza habrían alcanzado la cifra de 10,9 millones. De todas ellas, 800.000 personas habrían incrementado la pobreza severa por el impacto del coronavirus, hasta alcanzar la cifra de 5,1 millones.
Cifras que, en el País Valencià, se concretan, en 2020, en 1.342.143 personas por debajo del umbral de la pobreza (el 27% de la población). De ellas 519.000 en pobreza severa, casi el 12% de la población.
2. Ante esta situación, que han hecho las instituciones?
Un informe del FMI, si del FMI, concluye que el gasto social en el Estado español es escaso y está focalizado en los grupos sociales con mejor situación, básicamente las rentas altas y los jubilados.
Se calcula que la cifra que todas las administraciones del Estado español invierten en protección social es de unos 23.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea.
El gobierno estatal, implantó hace ya un año el IMV, un subsidio que viene a competir con las rentas mínimas autonómicas, con unos requisitos muy restrictivos que de entrada dejan fuera a 1,56 millones de personas que viven en situación de pobreza severa. Gestionado por el INSS con unos criterios arbitrarios para rechazar 8 de cada 10 solicitudes de un ingreso que sigue siendo mínimo y para nada vital. El 30 de diciembre de 2020 solo cobraban esta ayuda 160.000 hogares, unas 460.000 personas. Algo más del 4% de las personas en situación de pobreza del estado español
La Generalitat, el 31 de diciembre de 2020, dos años y medio después de haber puesto en marcha la RVI, solo había concedido 30.059 rentas, con lo que solo llegaba a 67.000 personas, el 6% de la población en situación de pobreza en el País valencià.
Los servicios sociales municipales que en general, y de esta ciudad en particular, se hayan infradotados de personal y de presupuesto. Servicios sociales a los que es difícil acudir, con una estructura jerarquizada y burocratizados que impide llevar a cabo un trabajo de cercanía y empatía con las personas afectadas a aquellas/os trabajadoras/os que lo intentan. Servicios sociales cada vez más alejados de la realidad como se demostró durante la pandemia cuando fueron cerrados y no acudieron en apoyo de miles de personas afectadas por el confinamiento.
3. Propuestas surgidas
Ante esta situación se valoraron algunas acciones a realizar, otras surgieron después de la asamblea.
Entre estas acciones podemos enumerar las siguientes:
Concentraciones ante las tres administraciones.
Trasladar el punto de información a las puertas de los Centros Sociales, de la seguridad social y de la dirección territorial de la Conselleria.
Presentar demandas judiciales al INSS y a la Conselleria.
Acciones que valoraremos y que una vez aprobadas llevaremos a cabo entre los meses de julio, agosto y septiembre.
Como primera acción se ha decidido trasladar el Punto de Información y Denuncia el próximo miércoles 21 de julio a la calle Churruca 26, a las puertas de la Dirección Provincial de la Seguridad Social. Allí de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, durante 2 horas, atenderemos a las personas que vayan a
informarse y protestaremos por el maltrato que la Seguridad Social
está ejerciendo sobre las personas que solicitan el IMV.
Cuanta más
gente acudamos más posibilidades tenemos de parar este maltrato.
Este comunicado, que ha aparecido pegado en la fachada de algunas oficinas del Banco Sabadell es inventado, pero estamos seguros que responde a una realidad sangrante. ¿Por qué este banco ha decidido cancelar los contratos de
alquiler social para vender los pisos a fondos buitre en el momento en que
finalizan los 10 años en que, según el acuerdo de compra de la CAM por 1 euro,
el Banco de Sabadell recibiría anualmente del Estado las cantidades consideradas como pérdidas
en el proceso de absorción de la Caja Alicantina? Cantidades que en el periodo acordado han ascendido a
11.000 millones de euros.
Desde hace meses las
personas inquilinas de dichos pisos están recibiendo un burofax en el que les niegan la renovación y les
ordenan abandonarel piso al día siguiente de haber finalizado el contrato de
alquiler. Personas que en el caso de hacer caso se encontraran en la calle.
En el mes de diciembre varios colectivos iniciamos una campaña para conocer y aunar a las personas victimas de esta estrategia del banco, la campaña comenzó con un caso el de Cuartas(ver https://lamareasevuelveroja.blogspot.com/2020/12/que-pasa-con-los-alquileres-sociales.html), siguió con el caso de Maricarmen, del que también se hizo un vídeo que adjuntamos a continuación.
En estos momentos son ya casi 30 familias que, agrupadas en el Sindicat de Barri, comparten su situación entre ellas y luchan para evitar el desahucio y renovar el contrato de alquiler social. Hay que apoyar esta lucha para lograr que el Banco Sabadell no se salga con la suya.
Tras tres años de aplicación de la RVI
han quedado de manifiesto todas
sus carencias que son muchas. Lo mismo ha ocurrido con el
IMV después de 10
meses. A raíz de esto una serie de colectivos hemos
iniciado una campaña de denuncia denominada
“Atrapadas entre el caos de la RVI y el despropósito del IMV”.
Muchas veces hemos denunciado los atrasos en la
tramitación de la RVI,
atrasos debidos tanto a la gestión de los
ayuntamientos (entre los que el de Alacant
se lleva la palma) como a la de
la Conselleria.
Pero desde la implantación del IMV, el foco tanto mediático como
del activismo se centró en este subsidio,
en nuestro caso debido al enorme
trabajo que ha supuesto y supone
el asesoramiento y ayuda para que muchas personas lo puedan solicitar.
En septiembre de 2020 ya denunciamos que la
atención sobre el IMV estaba ignorando los problemas de la RVI,
pues además de los atrasos, problema no
solucionado, comenzaban a aflorar muchos
otros, como denegaciones injustas y
suspensiones de pago ilegales. Ese
mismo mes acudimos a los medios y nos concedieron una entrevista en
Radio Alicante,
que adjuntamos a continuación, en la que denunciamos el caso de
Alberto Navalón
como muestra de ello.
Han pasado más de 6 meses de esa entrevista y
han ido apareciendo más casos de incompetencia y maltrato
institucional de la Conselleria, casos que estamos seguros que
representan una pequeña parte del total .
Mientras tanto el IMV está a punto de cumplir un
año de andadura y en todo este tiempo ha ido mostrando su verdadero
rostro, algo que ya denunciamos cuando era solo un mero proyecto. Las
estadísticas oficiales, por mucho que intenten maquillarlas con
justificaciones pueriles, lo dejan muy claro.
Por ello a mediados de marzo decidimos lanzar la
campaña de denuncia antes mencionada. Campaña que comenzó con otra
entrevista en Radio Alicante el pasado 23 de marzo (entrevista que
adjuntamos a continuación) y con tres concentraciones, la primera el
25 de marzo en la plaza del mercado (“Plaza 25 de Mayo” en
conmemoración al bombardeo de las tropas franquistas el 25 de mayo
de 1938 y en el que murieron 330 personas) y las siguientes día 8 y
13 de abril, ante la dirección territorial de la Conselleria
d’Igualtat y la dirección provincial del INSS respectivamente.
A continuación reproducimos el cartel de la
primera concentración, una fotografía de la misma y el comunicado que se leyó en en ella. En
futuras entradas informaremos de las siguientes concentraciones y
subiremos los vídeos grabados.
Una abraçada, la redacció.
COMUNICADO
A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LA CAMPAÑA
“ATRAPADAS
POR EL CAOS EN LA RVI Y EL DESPROPÓSITO DEL IMV”
CONCENTRACIÓN
25 DE MARZO 2021
Ante
los cantos de victoria de unos y otros, Queremos hacer balance desde
la realidad que vivimos después de tres años de la implementación
de la RVI y un año de IMV. ¿Han servido para resolver nuestros
problemas de precariedad?...NO! Porque han sido, son y serán parches
mientras no solucionen el problema en su raíz. Algo para lo que dichas herramientas no sirven.
EMPECEMOS
POR LA RVI
Muchas
de las que estamos aquí nunca hemos estado a favor de la RVI. De
hecho, durante su tramitación parlamentaria intervinimos con una
enmienda a la totalidad, porque estamos como podéis ver por algunas
pancartas, por la Renta Básica en su modalidad de Renta Básica de
la Iguales ya que es la única capaz de solucionar nuestras carencias
básicas antes de que se generen, al ser merecedores de la misma por
el hecho de nacer.
La
RVI es una ley mal diseñada, que se entromete en la vida privada de
las personas. Una ley burocratizada y con cuatro modalidades que
provoca confusiones, cuando con una que abarcara todas las
situaciones sería más sencillo y evitaría agravios comparativos
entre las personas en situación de vulnerabilidad.
En
estos casi tres años se han manifestado muchos de los problemas que
intuíamos:
Enormes
atrasos, de hasta 22 meses para su resolución. Este problema no hay
que achacárselo solo a la Generalitat, el ayuntamiento de esta
ciudad también tiene mucha responsabilidad en ello.
Errores
fácilmente comprobables en el cálculo de la ayuda, lo que a
provocado que muchas solicitudes han visto reducida su nómina
aprobada porque durante unos meses antes de la aprobación algún
miembro de la unidad de convivencia estuvo cobrando una ayuda del
SEPE, una ayuda temporal que en la resolución se consideró
permanente y
se sigue considerando así a pesar de las reclamaciones.
No
aplicación del silencio administrativo, incumpliendo su propia ley.
Nosotros hemos exigido su aplicación, algo que hubiera librado de
mucho sufrimiento a las personas. Incluso el Sindic de Greuges lo ha
reclamado, pero la Generalitat ha hecho oídos sordos.
Denegaciones
injusta por tener un empleo de pocas horas al mes con sueldos entre
80 y 150 euros mensuales, como les han ocurrido a Didi, Stella o Luz
Marina. Debe de ser que dichos sueldos sacan a
las personas de la precariedad y la pobreza.
Suspensiones
de pago de oficio o a instancias de los servicios sociales, como en
los casos de Alberto, Emilio o Khalib. Suspensiones que incumplen
los artículos 49 y 50 del reglamento que regulan la aplicación de
la ley. Artículos que dicen que no se podrá suspender el pago
mientras no se resuelva el expediente de sanción, y que para
resolverlo, se tendrá que permitir alegar en su favor a la persona
que se le ha abierto el expediente. Algo que no han hecho en estos y
otros casos.
Hay
personas que acumulan varios de estos problemas, como es el caso de
José Raúl, que tuvo errores en el cálculo que no han resuelto y,
posteriormente, suspensión del cobro sin notificación alguna, y
que sigue
esperando una respuesta a su reclamación..
Problemas
informáticos que 34 meses después
siguen sin estar resueltos. Problemas informáticos que
aún hoy mantienen a las personas con derecho a la renta pero que no
tienen permiso de residencia en el limbo o que impiden a
muchas otrasel cambio de modalidad solicitado.
Podríamos
seguir, pero pasemos al Ingreso mínimo vital
Lo
definimos
como un fraude, una ley que ha venido a complicar la situación más
que a resolverla.
El
IMV es una renta similar a las rentas autonómicas ¿si ya teníamos
17 para qué era necesaria otra?
En
vez de sacar esta ley podrían haber sido más justos y atrevidos y
haber iniciado la implantación de la RENTA BÁSICA.
Pero
si no querían implantar la renta básica, algo
que ya sabemos, podrían
haber llegado a un acuerdo con todas las autonomías para reforzar
las rentas existentes fijando unos criterios mínimos a cumplir por
todas. Pero no, había que sacar el IMV por un interés más
propagandístico estatal que otra cosa.
Como
está el IMV?
En
el País valenciano se han habido 152.000 solicitudes válidas, de
ellas, se han tramitado 117.400, de las que tan solo se han aprobado
29.012. TOTAL...se
han rechazado 86.388
¿Y,
por qué se han rechazado? Dicen que por exceso de rentas, pero la
realidad es otra, han utilizado los datos de 2019 para valorar la
situación de 2020 y claro, muchas personas en 2019 tenían un empleo
o un pequeño negocio, algo que cuando lo solicitaron en 2020, ya no
tenían
Con
esos datos
el
ministro Escrivá no puede sacar pecho como suele hacer.
El
IMV es un despropósito que tiene a las personas liadas con un
papeleo que nunca acaba.
Hay
peticiones continuas y repetitivas de documentación, que en algunos
casos rozan el surrealismo.
Hay
una insistencia en el empadronamiento cuando desde el 20 de
septiembre no es obligatorio.
Hay
solicitudes aprobadas con cantidades irrisorias de 15 euros
mensuales.
Hay
denegaciones a algunas personas por situaciones en las que a otras,
tras pedirles
un documento se la han aprobado, generando así agravios comparativos
que enfrentan los usuarios.
POR
ELLO ESTÁ CLARO
QUE
SUS INCUMPLIMIENTOS ALARGAN LAS COLAS DEL HAMBRE.
Que el
rescate bancario fue una medida poco social que
ha supuesto, según
datos del Banco de España, 65.725 millones de euros, de los cuales
42.561
millones el
mismo banco daba por perdidos a finales de 2019.
El Banco
de Sabadell no fue rescatado directamente, pero fue, como otros
bancos, un beneficiario neto del rescate al adquirir la CAM por un
euro y sin dar a cambio todas aquellas viviendas de las familias que
habían sido desahuciadas o estaban en trámite de serlo para la
creación de un parque público de vivienda social. Los alquileres
sociales arrancados a la banca sólo fueron un parche que ahora
cuando empiezan a caducar muestran una realidad muy cruel que puede
llevar a muchas personas a un segundo desahucio.
La CAM fue
intervenida en julio de 2011. El 7 de diciembre de 2011, se anunció
la adjudicación del Banco CAM al Banco Sabadell por el precio
simbólico de un euro tras unas ayudas de 5.249 millones de euros del
Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través de ampliaciones de
capital. Junto a esta inyección de dinero, el fondo de garantía,
concedió a la CAM un esquema de protección de activos del que se ha
beneficiado el banco Sabadell. Esta medida supuso que el FGD asumió
el 80% de las pérdidas derivadas de una cartera de activos
predeterminada de más de 24.600 millones a lo largo de 10 años,
periodo que termina el año que viene y que va a suponer una
inyección de dinero público al banco Sabadell de unos 11.000
millones de euros, que sumados a los 5.249 millones utilizados para la
capitalización del Banco CAM antes de su subasta supone que el
dinero público del rescate de la CAM, e indirectamente de
capitalización del Banco Sabadell, será de 16.249 millones de euros.
A pesar de ello el Sabadell se niega a renovar a la familia Cuartas López el contrato de alquiler social, y se niega a hacerlo a todas aquellas personas cuyo contrato vence.
Cuartas es queda a casa
L'any 2014 la família de
Cuartas López va negociar amb el Banc Sabadell un lloguer social.
Degut a la crisi esclatada l'any 2008, els problemes d'accés a un
habitatge digne ja van provocar que s'haguera de negociar aquesta
forma de contracte, que passaria a supervisar-se des de SOGEVISO, la
gestora per a lloguer social de SOLVIA, immobiliària del banc
Sabadell.
Des de l'esclat de la crisi de
la covid-19, pare i filla majors d'edat, estan tenint enormes
problemes per a trobar una feina que permeta viure amb dignitat als 3
membres de la família, doncs a casa també hi viu la neta de 12
anys. Quan ho fan, aquesta és sense contracte, la qual cosa implica
a efectes de trobar una nova casa que siga impossible que ningú els
faça un nou contracte de lloguer. Malgrat això, Banc Sabadell ha
anunciat als inquilins que NO renovarà el contracte de lloguer
social del qual disposen i que per tant, el dia 1 de gener del 2021
haurien d'estar fora de sa casa.
Però, per què tanta urgència
per part d'un banc que va obtenir entre gener i juliol del 2020, en
plena crisi de la covid-19, un benefici net de 145 milions d'euros?
Doncs ni més ni menys que per vendre aquest pis situat a
l'avinguda de Novelda d'Alacant al fons d'inversió estatunidenc
CERBERUS, que es dedica a l'especulació financera amb el que
anomenen “actius tòxics dels bancs”, és a dir, les nostres
cases.
I com funciona la cadena? En
l'escrit que SOLVIA envia als inquilins, ja obliga a deixar el pis
“libre, vacuo y expedito a plena disposición de la propiedad,
la entidad PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE S.L.”. Aquesta
entitat és una de les múltiples servicers o
entitats destinades a la compra-venda de pisos i la gestió de la
cartera d'habitatges dels bancs. Per al cas que ens toca, és un dels
resultats de la compra per part de Promontoria Plataforma (la filial
de Cerberus a l'estat espanyol que té com a un dels principals
accionistes al fill de J. Maria Aznar) dels actius de Bankia, per
conformar la nova Haya Real Estate.
L'any 2018, el fons d'inversió
Cerberus va comprar el 80% dels actius immobiliaris del BBVA,que
procedeixen fonamentalment d'execucions hipotecàries. D'aquesta
compra, 80% Cerberus + 20% BBVA, va nàixer Divarian S.A, un dels
propietaris més grans de l'estat i responsable de desenes de
desnonaments cada setmana. També Cerberus va comprar actius
inmobiliaris l'any 2018 del Banc Sabadell.
En
conclusió: el que pot ocórrer a Alacant a partir del pròxim 1 de
gener si no ho impedim, és que el Banc
Sabadell no renove un contracte de lloguer social i expulse de sa
casa a una família de 3 persones (una d'elles menor) que disposa
d'un informe de vulnerabilitat i exclusió social emés per la
regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament d'Alacant el passat 18
d'agost del 2020. Tot per
vendre aquesta casa, des
d'un banc amb benefici net en 6 mesos de crisi, insistim, de 145
milions d'euros; a un fons
d'inversió, Cerbrus, que factura anualment milers de milions i
especula amb el dret a l'habitatge.
Des del Punt d'Informació i
Denúncia de Drets Socials , l'Obra Social de la PAH i Cuidem
Carolines, exigim:
Que
Banc Sabadell prorrogue
el contracte de lloguer social per a la família de Cuartas
emparada a més per l'informe municipal on es reconeix la situació
de vulnerabilitat i risc d'exclusió social
Que
l'Ajuntament d'Alacant
oferisca a la família de Cuartas una vegada prorrogat el contracte,
una alternativa habitacional en forma també de lloguer social.
L'aturada
immediata de qualsevol desnonament sense alternativa habitacional al
barri de Carolines i a la ciutat d'Alacant.
La
creació d'un parc
d'habitatge públic amb els centenars de pisos buits propietat de
bancs a la ciutat, per
posar fi a l'especulació i garantir el dret a l'habitatge.
Ni la de Cuartas López ni cap
família més al nostre barri estarà sola front a aquest monstre.
Aquest és només el principi, defensarem i acompanyarem a cada
família que ho necessite, des del suport mutu i la lluita veïnal,
per garantir el dret a l'habitatge i a una vida amb dignitat!
Hace
días, la vicepresidenta de Govern valencià publicó un artículo /1
en el que afirmaba que las Rentas mínimas, y entre éstas la
iniciativa del gobierno estatal del Ingreso Mínimo Vital, son
competencia exclusiva de las comunidades autónomas en el
ordenamiento jurídico del estado español, algo que compartimos y
que desarrollamos en otro artículo nuestro/2. Sin embargo,
discrepamos rotundamente con algo que considera Mónica Oltra
imprescindible, que esas rentas mínimas deban estar condicionadas a
la inclusión social y por lo tanto depender de los sistemas de
servicios sociales. Dado que estos servicios sociales pueden actuar
como una burocracia que hace que estas Rentas pierdan eficacia en su
aplicación como ocurre en la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI). Sin
embargo, queremos ir más allá. El problema está en la "inclusión".
La
Consellería d’Igualtat i Politiques Inclusives de la Generalitat
Valenciana es, en parte, conocedora de esta problemática. De hecho,
la RVI dispone de una modalidad de Renta de Garantía de Ingresos
Mínimos, que no se condiciona a la participación del programas de
inclusión social. Sin embargo, la elección de esta modalidad en la
RVI se desincentiva dado que la persona beneficiaria solo recibe el
50% de lo que recibiría si se sometiera a un "itinerario"
de inclusión social. Lógicamente, la mayor parte de las personas
eligen seguir el "itinerario".
¿Qué
significa seguir un "itinerario"? Sencillamente, que la
prestación (que es concebida como un derecho subjetivo derivado de
un estado de precariedad económica) queda al arbitrio de la
valoración de los servicios sociales municipales encargados de
garantizar la "inclusión social" de la persona en
situación de precariedad económica/3. De esta forma, un derecho
deja de ser exactamente un derecho. En la sanidad, cuyo acceso
también es un derecho, si una persona está enferma recibe una
atención pero no se le obliga a seguirla como un requisito para
seguir siendo atendida. Es verdad que en la tramitación de la RVI se
eliminó un "régimen disciplinario" que daba pavor de tan
meticuloso, sin embargo, la nueva ley de servicios sociales 3/2019,
de 18 de febrer, de la Comunitat Valenciana, viene a reforzar la
posibilidad de perder derechos adquiridos.
¿Qué
explica esta situación? Desde nuestro punto de vista el modelo de
control social puede estar guiando el trabajo social encargado de
llevar a cabo la "inclusión social" que permite acceder a
la RVI. Este modelo de control puede superar el modelo de ayuda,
basado en la colaboración y el respeto. La legislación da más peso
a uno o a otro?. Esta pregunta queda contestada si acudimos a la
citada llei de de Serveis Socials Inclusius 3/2019. Esta ley, como
plantea su preámbulo,orienta
las políticas sociales.
Y es el marco de referencia en el que se integra la ley de la RVI.
En
el artículo 11.1 de la llei
de de Serveis Socials Inclusius, entre otras cosas, se dice que
"Todas las personas usuarias de los servicios sociales tendrán
los siguientes deberes":
Comprometerse
a participar activamente en su propio proceso de mejora, autonomía
personal e inclusión social colaborando con las personas
profesionales de servicios sociales responsables de su atención,
seguimiento y evaluación de la intervención.
Asistir
a las entrevistas con el personal de los equipos profesionales de
servicios sociales y facilitar la visita a domicilio cuando sea
necesario, así como realizar las actuaciones prescritas como parte
de sus itinerarios en el proceso de intervención social.
Destinar
las prestaciones recibidas a la finalidad para la que fueron
concedidas.
Cumplir
las normas, requisitos, condiciones y procedimientos para uso y
disfrute de la prestación asignada.
Los
verbos usados son órdenes. La función de las órdenes no es la de
ayuda, con ellas explícitamente se somete e impiden la proximidad
que menciona Mónica Oltra en su artículo “los
servicios sociales son servicios eminentemente de proximidad, razón
por la cual los municipios tienen también gran protagonismo en su
desarrollo. Es un trabajo de persona a persona, imprescindible para
garantizar desde los poderes públicos que nadie se quede atrás“
/1.
El incumplimiento de las órdenes, como podemos comprobar en el punto
2 del mismo articulo se penaliza:
Incumplir
los deberes recogidos en este artículo y los señalados en los
correspondientes reglamentos de régimen interior dará lugar a las
medidas disciplinarias y
sancionadoras pertinentes, independientemente de la acción
administrativa, civil o penal que, si procede, puedan comportar,
dentro de la normativa aplicable.
No
hace mucho una Trabajadora social, en una reunión ante la
problemática del Covid, hizo una reflexión sobre el papel del
trabajo social y sobre cómo las personas dedicadas a él se han
dejado alienar con funciones administrativas. Funciones que por otra
parte impone el aparato burocrático. Y dirigiéndose a algunos
colectivos sociales presentes en la reunión afirmó “Es
a esa labor comunitaria, que tan extraordinariamente hacéis en la
calle, a la que tenemos que sumarnos; labor de acompañamiento
social, horizontal, con el objetivo de apoyar el proyecto de vida
particular de cada cual y por supuesto desde el respeto.”
Muchas,
muchísimas personas que hemos solicitado la RVI hemos pasado el
calvario que supone esa solicitud tremendamente burocratizada e
intervencionista en nuestra vida privada. Tras meses de penosa espera
muchas hemos empezado a cobrar, y mientras, muchísimas otras aún se
encuentran atrapadas en la burocracia de la Conselleria y de los
servicios sociales de muchos ayuntamientos esperando que llegue ese
día. Algunas temen perderla ante las amenazas que reciben. Pues hay
casos, quizás más de los que suponemos, que han dejado de cobrarla
porque su trabajador o trabajadora social ha enviado un informe
acusándolas de no cumplir sus deberes (conocemos casos en los que la
persona afectada ha solicitado copia de ese informe y ni siquiera se
lo han dado).
En
un proceso de lucha contra la pobreza y la exclusión social hay que
entender que aunque ambas dimensiones pueden estar relacionadas (ya
que la pobreza puede condicionar la exclusión, y a la inversa),
ambas son independientes, y determinadas por distintos factores estructurales. Por ello cada una de estas dos dimensiones requiere un tratamiento diferente. Es en la exclusión donde cabe tanto el trabajo
social individual como el abordaje de los factores estructurales que
lo determinan.
Y,
si se habla de trabajo social es importante hablar del cómo se hace.
Un trabajo social impuesto, obligatorio y punitivo es lo contrario
del trabajo social de integración. Con los requisitos del art 11.1
se obliga a odiar al profesional de trabajo social, no a concertar
con él o ella una dinámica de colaboración para buscar salidas y
alternativas. “cabe
-y es necesaria- la labor técnica de los servicios sociales, sin
duda; pero siempre -y sólo- si éstos se entienden como comunitarios
(más allá, claro está, de la mera enunciación retórica del
apellido "comunitarios"), proscribiendo definitivamente las
lógicas tecnocráticas de la intervención individual, de despacho,
que tantas veces (si no siempre) daña a la personas (no sólo a las
ciudadanas y ciudadanos, sino también a las profesionales, que ven
reducida su labor a un papel alienante y desalentador de mera gestión
burocrática que desperdicia su potencial y promueve su
descreimiento).”
/4 Y si tanto el combate contra la exclusión como el combate contra
la pobreza consisten en eliminar los factores estructurales que las
determinan, el trabajo social debe estar guiado por el empoderamiento
a nivel individual y colectivo de las personas con las que se
trabaja.
A
diferencia de la exclusión, la pobreza es un concepto económico.
Pobreza significa que no hay dinero para cubrir necesidades básicas
para vivir, y si se le pone un umbral estandar éste es el de tener
ingresos por debajo del 60% del ingreso medio. Naturalmente, la
pobreza viene derivada de factores estructurales, factores que están
ligados a la desigualdad social. También la pobreza tiene
consecuencias negativas sobre la vida emocional y psicológica, sobre
las expectativas, sobre la eficacia que uno percibe en si mismo para
resolver los problemas que le ahogan. Pero, la visión de que la
pobreza tiene origen en los malos hábitos de la persona, en su
pereza o en su incapacidad para manejarse, es solo un espejismo, un
engaño (ampliamente difundido) para desviar la atención de lo
importante, de sus determinantes y de sus consecuencias. Es semejante
a la visión (ampliamente difundida) de que es el comportamiento
individual el que determina la salud, obviando sus determinantes
estructurales. En el "abordaje" individual de la pobreza lo
central son los ingresos. En su abordaje estructural lo central es el
combatir las desigualdades.
Por
ello, volvemos a mencionar, que las rentas mínimas, herramientas más
utilizadas en la lucha contra la pobreza, deban estar condicionadas a
la inclusión social y por lo tanto depender de los sistemas de
servicios sociales autonómicos y municipales es algo en lo que
discrepamos rotundamente y, sobre todo, cuando dichas
rentas están siendo cuestionadas desde muchos ámbitos por no
afrontar adecuadamente el problema de la pobreza al quedar atrapadas
por un aparato burocrático que genera ineficiencia y malas practicas
administrativas que afectan a las personas solicitantes de las mismas
/5.
Por
ello, como hemos dicho ya muchas veces, la RVI, solo podrá ser una
herramienta útil si cumple su función de ayudar a la supervivencia,
y para ello requiere una serie de premisas /6 que volvemos a
manifestar para ver si de una vez nos escuchan:
La
Renta Valenciana de Inclusión es una renta contra la exclusión
económica. Por ello, no debería exigir contraprestaciones que
obliguen a las personas. Y tendría que gestionarse desde oficinas
comarcales de la Generalitat y no desde los Servicios sociales
municipales.
Que
como derecho, la Renta Valenciana de Inclusión debería ser
individual y concederse a toda persona mayor de edad con falta de
ingresos.
Que
la cantidad tendría que ser suficiente y digna.
Que
debería ser una renta accesible y eficaz. Dado que la situación de
falta de ingresos es fácilmente comprobable y que la administración
tiene medios para poder hacerlo, su tramitación tendría que ser
eficiente y la ley debería garantizar un plazo máximo de tres
meses para el acceso a la renta.
Premisas
que permitirían abrir el camino hacia la Renta Básica de la
Iguales, la herramienta que, junto con otras muchas, consideramos
imprescindible en la lucha por el reparto de la riqueza. Una riqueza
generada no por los empresarios sino por todas las personas, tengan
empleo o no lo tengan.
Asamblea
de Personas Afectadas por el Caos de la RVI
3/
Articulo 26.2 de la Renta valenciana de Inclusión “La
instrucción del expediente de la renta de garantía, lo efectuará
el servicio correspondiente de la administración local, que elevará
el informe-propuesta de resolución al órgano competente de la
entidad local, sobre la modalidad y su importe.”
