"¡Ay
que pena! ¡Ay que pena! Este gobierno no se entera" fue el lema
de la Performance con la que cortamos, el pasado 20 de diciembre, la
Rambla y manifestamos, una vez más, nuestra repulsa a la gestión
de la RVI y a la ley misma. Una ley que como hemos dicho muchas veces
no afronta la pobreza y la desigualdad que padecemos desde una
perspectiva de justicia, las afronta desde un asistencialismo
intervencionista. Al
publicar el vídeo de la acción elaborado por el Punto de
Información y Denuncia de Derechos Sociales nos surge una pregunta
¿Qué está pasando en esta ley qué hace necesaria nuestra
intervención para que muchas personas logren cobrarla?
¿Qué
está pasando en la Renta Valenciana Inclusión qué hace necesaria
la intervención de los colectivos para que muchas personas logren
cobrarla?
Es una pregunta clave. Tenemos la impresión de
que si no intervenimos como Punto de Información y Denuncia de
Derechos Sociales muchas personas no lograrían cobrarla y subsistir.
La Generalitat ha planteado que la gestión de la Renta la tienen que
llevar los servicios sociales municipales. Argumenta que como
Conselleria no puede contratar el personal que es necesario para
agilizar su tramitación, al estar la administración autonómica
intervenida por el gobierno central, pero sí dar el dinero para que
los consistorios lo contraten. Por ello, según la Conselleria, la
gestión de la Renta Valenciana la han tenido que pasar a los
ayuntamientos. Pero éstos, según su signo político o según su
actitud ante la pobreza y la exclusión, son más o menos ágiles en
revisar los expedientes.
¿Tenemos desde los colectivos que detectar
donde se hallan los atascos y ayudar a deshacerlos?
Aunque lo hacemos y lo seguiremos haciendo, no
creemos que esa sea nuestra labor. La Renta Valenciana es una ley
atacada por los ricos que plantea el derecho a la supervivencia, pero
lo plantea desde una visión asistencialista e intervencionista en la
vida de las personas. Es una ley que dota a los servicios sociales de
un poder preocupante, sobre todo desde la modificación que deja en
ellos la aprobación de la misma. Y decimos que es preocupante porque
los servicios sociales municipales, tal como están constituidos o
como trabajan en la mayoría de los casos, funcionan como medios de
control y reeducación de la gente sin recursos económicos para
subsistir bajo la escusa de una "integración social".
Integración que es entendida como la adaptación a lo existente,
porque lo existente "es lo que hay" y hay que aceptarlo, y
en donde el problema está en las personas y no en el sistema que
crea la pobreza. Ante esta forma de funcionar, que no compartimos,
algunos colectivos sociales nos vemos obligados a intervenir.
Cómo colectivo ¿cual es nuestro trabajo?
Nuestro trabajo es denunciar las situaciones de
pobreza y exclusión que nos afectan y que fomenta este sistema,
plantear propuestas de transformación que se encaminen hacia el
reparto de la riqueza como medio para acabar con dichas situaciones,
y generar espacios de encuentro y apoyo mutuo para afrontar la lucha
que dichas propuestas exigen.
Tenemos claro que la ley de la Renta Valenciana
de Inclusión no es el camino para esa transformación necesaria.
Aunque palíe injusticias, es un callejón sin salida para la gente
que la necesitamos. Un callejón con muchas trampas y trabas que las
personas que la solicitamos tenemos que salvar para al final acabar
en una intervención social entendida, como hemos dicho antes, como
un obstáculo a la transformación de la vida en algo digno de ser
vivido.
La "intervención social", como parte
del trabajo de los servicios sociales, en el caso de que fuera
necesaria, debería ir encaminada a dotarnos a las personas de las
herramientas necesarias para afrontar de manera comunitaria los
problemas que nos impiden llevar una vida digna. Pero, tristemente,
dicha "intervención" suele desplazar del foco de la
atención las cuestiones sociales relacionadas con la injusticia y la
desigualdad, para centrarse en la modificación de la actitud
“anómala o disfuncional” de la persona o de la familia
"intervenida", en su preparación para competir de acuerdo
con las reglas que impone el mercado. En otras palabras, quienes
accedemos a una prestación social debemos comprometernos ante los
servicios sociales a mejorar nuestra capacidad para competir por un
empleo, pues el empleo es el dogma incuestionable y el único
mecanismo de integración que acepta este sistema.
La ley de la Renta Valenciana de Inclusión
lleva inscrita esta visión. Exige un proceso en el que las personas
debemos aceptar la supervisión de nuestras vidas por parte de los
servicios sociales, los cuales, como hemos dicho anteriormente,
tienen el poder de decidir si debemos cobrarla.
Además, en su aplicación práctica, supone
largos periodos de espera y sufrimiento. Hay muchos motivos
materiales para estos periodos de espera, pero, en el fondo, subyace
la necesidad de supervisar nuestras vidas hasta en sus más mínimos
detalles.
Por ello, como ya hemos reiterado otras veces,
toda ley de Renta económica tendría que abordarse, como mínimo,
mediante unas premisas que abran el
camino hacia la Renta Básicas de las Iguales,
premisas que volvemos a proponer a continuación:
- La Renta Valenciana de Inclusión es una renta contra la exclusión económica. Por ello, no debería exigir contraprestaciones que obliguen a las personas. Y tendría que gestionarse desde oficinas comarcales de la Generalitat y no desde los Servicios sociales municipales.
- Que como derecho, la Renta Valenciana de Inclusión debería ser individual y concederse a toda persona mayor de edad con falta de ingresos.
- Que la cantidad tendría que ser suficiente y digna.
- Que debería ser una renta accesible y eficaz. Dado que la situación de falta de ingresos es fácilmente comprobable y que la administración tiene medios para poder hacerlo, su tramitación tendría que ser eficiente y la ley debería garantizar un plazo máximo de tres meses para el acceso a la renta.
Estas premisas las consideramos imprescindibles
para una ley justa y transformadora, pues ya que somos personas y no
objetos desechables la solución es caminar hacia la Renta Básica de
las Iguales.
Asamblea de Personas afectadas por el caos en la RVI
