El pasado 30 de abril acudimos a la
sede del PROP, en la Rambla Méndez Núñez 41, a presentar una queja
colectiva contra los atrasos, la falta de información y la
aplicación parcial de la Renta valenciana de Inclusión. Han pasado
más de tres meses y lejos de arreglarse, la situación se ha
agravado.
Quizás algunos casos ya se han
resuelto, pero son cada vez más los que se acumulan sin resolver, ya
no son ocho o nueve meses sin saber nada del expediente, son doce y
trece meses los que muchas personas llevan sin saber cuando
cobraran.
A todo esto se suma la petición, a
algunas de las personas, de nuevos papeles pasados los nueve meses
desde que la solicitud fue registrada; o los más surrealista,
aconsejar que, ya que algunos de los papeles entregados cuando se
registró la solicitud están caducados, lo mejor que pueden hacer
es volver a solicitarlos y registrar de nuevo el impreso de solicitud
de la renta.
Pero la cosa no acaba aquí, se
están dando denegaciones pasados los nueve meses, tiempo que, según
la Disposición Transitoria Segunda, es el máximo para poder
denegarla, pues pasados esos meses la solicitud queda ESTIMADA por
silencio administrativo.
Denegaciones que, a su vez,
incumplen el artículo 39 del reglamento que regula la ley de la
Renta valenciana de Inclusión (DECRETO 60/2018, de 11 de mayo, del
Consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre,
de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión. [2018/5490])
que dice: “La resolución denegatoria, que en todo caso deberá ser
motivada, será notificada por la dirección territorial competente a
la persona solicitante en el plazo de 10 días a partir de la fecha
en que el acto haya sido dictado y dentro del plazo previsto en el
párrafo 1 del artículo anterior. Dicha notificación deberá
contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si
pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos
que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo
para interponerlos”. Y lo incumplen, además, al ser notificadas de
palabra y sin la argumentación exigida por el decreto citado.
Por todo ello, nos volvemos a
concentrar, el próximo 8 de agosto, para apoyar, por una parte, las
reclamaciones y las quejas que varias de las personas afectadas por
estas situaciones han decidido interponer (primero a la Generalitat y
posteriormente a Sindic de Greuges, para que intervenga e intente
poner orden), y por otra, para denunciar este caos administrativo que
genera sufrimiento, caos del que son responsables tanto los
ayuntamientos como la Generalitat. Caos que se podría solucionar si
esta renta, como renta económica, se separara de los procesos de
inclusión que competen a los servicios sociales, y se tramitara
directamente a través de la Generalitat mediante una solicitud
sencilla destinada tan solo a comprobar la carencia de ingresos sin
intervención de los servicios sociales, los cuales ya están
colapsados con el trabajo que les compete.
Basta ya de leyes trampa,
leyes que sepultan a las personas
con procesos burocráticos
que generan sufrimiento y
cansancio.
¡¡Ya está bien!!
Legislemos leyes
que abran el camino
a la Renta
Básica de las Iguales
