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| Algunas de las personas que se manifestaron frente al ayuntamiento mientras dentro se debatía la Declaración institucional |
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http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/04/26/protesta-plaza-ayuntamiento-pidiendo-absolucion/1887368.html
Los sucesos de la inauguración del AVE son un ejemplo más de los muchos que han ocurrido en los últimos años. Sucesos rodeados de sospechosos montajes que buscan desviar la atención sobre lo verdaderamente importante, el expolio y la corrupción como forma de gobierno. En este sentido, cabe recordar la manifestación de las Marchas de la Dignidad, con cerca de dos millones de personas protestando pacíficamente por las calles de Madrid y como una discutida actuación policial generó unos altercados, justo a la hora del telediario, que fueron utilizados mediáticamente para desprestigiar un acto de soberanía popular.
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/04/26/protesta-plaza-ayuntamiento-pidiendo-absolucion/1887368.html
Contra
las políticas de control y por la Amnistía Social
Buenos días.
"Todas
las leyes que se dictan tienen por base la desconfianza; ni una sola
descansa en la virtud de los ciudadanos". Esta
frase no es nuestra es de Édouard
René Lefebvre de Labulaye, jurista francés y
diputado de la 3ª república, pero la asumimos plenamente.
Estoy aquí en representación de una
serie de colectivos que desde hace casi dos años luchamos por la
Amnistía social y que desde hace unos meses llevamos a cabo una
campaña por la Absolución de las Siete personas encausadas por los
sucesos de la inauguración del AVE Madrid-Alacant en el año 2013,
y que el pasado 30 de marzo presentamos en el registro de este
ayuntamiento la Declaración Institucional que se debate hoy en este
pleno.
Desde hace varias décadas en los
países llamados democráticos, en consonancia con los cambios
económicos ocurridos (globalización, precariedad, crecimiento
masivo del desempleo, aumento de las desigualdades, perdida de
importancia del sector público,...) se ha instalado una nueva forma
de abordar el delito y desarrollar la justicia penal.
En lo que sigue
no nos
referimos
a los delitos de los ricos como los derivados de la corrupción, del
fraude y evasión fiscal o los crímenes del franquismo, delitos
suficientemente amparados en su legislación. Tampoco a los "delitos"
en los que se hace caer a aquellas instituciones que buscan la
reversión de los servicios públicos privatizados o que buscan
ejercer el derecho democrático a decidir. Nos
referimos
al cambio de la concepción de los "delitos" que se aplican
fundamentalmente a la gente trabajadora.
Frente a una visión del
delito como un producto de privaciones sociales y económicas, el
delito ha pasado a ser considerado, como un problema de indisciplina,
de falta de autocontrol o de control social, un asunto de individuos
malvados que deben ser disuadidos y merecen ser castigados. En lugar
de ser un indicador de necesidades o privaciones, el delito se
considera una cuestión de culturas o personalidades "antisociales",
y en consecuencia, las formas actuales de actividad policial, de
persecución penal, de imposición de condenas y de ejecución penal
no se basan en el concepto de rehabilitación
y
reinserción, sino en el
de retribución y encarnan intereses sociales concretos.
Actualmente, el temor al delito es el
centro de muchos debates y ha llegado a considerarse como un problema
en y por sí mismo, claramente distinto del delito y la victimización
reales. Se invocan con frecuencia los sentimientos de la víctima o
de la familia de la víctima o de un público temeroso e indignado
para legislar nuevas leyes o políticas penales que no apuntan a
reducir el delito, sino los niveles de temor. El nuevo discurso de la
política criminal, en vez de buscar una solución justa de carácter
social, se centra en un público lleno de ira, cansado de vivir con
temor, al
que se le hace exigir
medidas fuertes de
castigo y protección.
La respuesta a la delincuencia
de
la gente trabajadora
(empezando por la definición misma de lo que se considera
“delincuencia”) es el fruto de unas decisiones políticas y de
unas determinadas estructuras
sociales.
La imagen del delincuente como
una persona merecedora
de ayuda, ha desaparecido prácticamente en la actualidad. En cambio,
las imágenes que acompañan a la nueva legislación son las de
jóvenes ingobernables, depredadores peligrosos y delincuentes de
carrera incorregibles. La prisión se ha reinventado como medio de
contención que apunta supuestamente a los delincuentes violentos y a
los reincidentes peligrosos, pero que sobre todo afecta a quienes
cometen delitos menores o a quienes protestan frente a la
arbitrariedad. Se ha vuelto al uso de la cárcel como una institución
central en la gestión de la pobreza.
Las teorías que ahora moldean el
pensamiento y la acción oficial son teorías del control. Controles
sociales, controles situacionales, autocontroles: que consideran el
delito como un problema de control inadecuado. El control ha
recobrado su importancia en todas las áreas de la vida social, con
la particular y sorprendente excepción de la economía, de cuyo
dominio desregulado emergen habitualmente la mayor parte de los
riesgos contemporáneos.
Gran responsabilidad en este proceso
la han tenido los
amos de los medios de
comunicación, que han enardecido los sentimientos más punitivos de
la gente y han ejercido una presión sobre los legisladores para que
endurezcan las penas. La sobrerrepresentación de los crímenes
violentos, su creciente presencia en el tiempo de las noticias, el
cuestionamiento de las decisiones judiciales, divulgando los casos de
presos que reinciden en los permisos (y no mentando que la inmensa
mayoría no lo hace), o dando demasiada voz a las víctimas. Todo
ello ha generado un clima de inseguridad alejado de la realidad
cotidiana. Cotidianeidad marcada más por el aumento de las
desigualdades sociales que por la delincuencia.
El Estado español no ha sido ajeno a
esta dinámica, como lo demuestra la evolución de su sistema
penitenciario, con una población penitenciaria que no ha parado de
aumentar en los últimos años, Con los 162 presos por cada 100.000
habitantes que habitaban sus cárceles el 1 de enero de 2010, el
Estado español se convirtió en el país europeo (occidental) con la
mayor tasa de encarcelamiento (excluyendo Suiza y Luxemburgo), cuando
tradicionalmente había sido de los que la tenían más baja (en el
año 1985 dicha tasa era de 24) algo acorde con su baja tasa de
delitos y de delitos violentos.
¿Por qué se ha producido este
incremento en el número de presos, cuando según
las estadísticas policiales la delincuencia durante esos años
se
mantuvo estable?
El aumento de presos en Estado español
está relacionada con la aprobación del Código Penal de 1995 (y sus
treinta posteriores reformas) que ha aumentado las penas para los
delitos más comunes (hurtos, robos, tráfico de drogas, lesiones),
que ha duplicado el tiempo medio de estancia en prisión, que ha
reducido el uso de la libertad condicional, que sobreutilizado la
prisión preventiva y que ha suprimido la redención de penas por
trabajo. Un Código Penal que, a efectos de cumplimiento de las
penas, es más punitivo que el vigente en los últimos años del
franquismo
Pero no solo el Código Penal ha
influido en esta situación, otras leyes vinieron a recortar
libertades y derechos (la Ley
Orgánica 1/92 de 21 de febrero, de protección de la seguridad
ciudadana, más conocida como ley Corcuera y la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.)
Leyes que en cierta medida quedaron
sobrepasadas por la situación social generada por la crisis
económica de 2007-2008 que elevó el nivel de protesta ante la
verdadera delincuencia que desde puestos de poder, tanto políticos
como económicos, se estaba llevando a cabo.
Ante esta situación el legislativo
respondió con nuevas leyes, las reformas llevadas a cabo en los años
2014 y 2015 por el gobierno del partido popular. Reformas que ahondan
más aún en esta tendencia represora y de limitación de derechos y
libertades, que responden a un intento de acallar la protesta
ciudadana y de dotar al ejecutivo de herramientas de control más
expeditivas, y que son:
-
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada
-
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
-
La Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de delitos de terrorismo
-
La Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Los sucesos de la inauguración del AVE son un ejemplo más de los muchos que han ocurrido en los últimos años. Sucesos rodeados de sospechosos montajes que buscan desviar la atención sobre lo verdaderamente importante, el expolio y la corrupción como forma de gobierno. En este sentido, cabe recordar la manifestación de las Marchas de la Dignidad, con cerca de dos millones de personas protestando pacíficamente por las calles de Madrid y como una discutida actuación policial generó unos altercados, justo a la hora del telediario, que fueron utilizados mediáticamente para desprestigiar un acto de soberanía popular.
Sabemos que un cambio de tendencia no
puede venir meramente de un cambio legislativo sino que dicho cambio
debe de estar propiciado por un cambio social de la percepción del
delito, de qué es delito en definitiva.
En ese proceso se enmarca la campaña
por la Amnistía social y en concreto la petición de la Absolución
de las Siete personas encausadas por los sucesos del AVE. La
Aprobación de la declaración institucional que hoy se debate es un
paso más en ese proceso, pues no es delito protestar contra la
corrupción, no es delito buscarse la vida en el top manta, no es
delito escarbar en las basuras, no es delito cruzar una frontera
huyendo del hambre, no es delito parar un desahucio, no es delito ir
en un piquete para difundir una huelga, no es delito hacer un
escrache, no es delito acampar en un banco para defender a una
familia que va a ser desahuciada, no es delito la desobediencia civil
ante una ley injusta…… son respuestas a realidades arbitrarias y
abusivas, realidades en las que una minoría expropia a una mayoría
la posibilidad de una vida digna, roba derechos y exige resignación
y silencio. Por todo ello les pedimos que aprueben dicha declaración
institucional.
¡¡¡POR LA AMNISTÍA SOCIAL!!!
¡¡¡ABSOLUCIÓN A LOS SIETE DEL
AVE!!!
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