Hace unos dos meses, a raiz de una convocatoria de ACDESA para elaborar un decalogo sobre salud y sanidad pública desde los colectivos sociales frente a los discursos electorales, decalogo que se transformo en el manifiesto que adjuntamos al final de esta entrada, surgió la necesidad de mantener una coordinación entre todos los colectivos firmantes, lo que dió pie a la formación de la Marea Blanca. No sabemos, desde Marea roja, lo que dará de si esta coordinación, pero los planteamientos son de respeto a la autonomía de los colectivos, de intercambio de información y de apoyo. La estructura funciona de la siguiente manera, una reunión mensual de coordinación general y reuniones a petición de los colectivos para acciones puntuales organizadas por alguno de ellos.
La primera acción tuvo lugar el pasado 26 de junio contra el cierre de camas en los hospitales (en el hospital de Alacant se han cerrado 200 camas, el 25%). La acción partió de tres colectivos y la presentaron a la Marea la cual asumió su organización. A la concentración asistieron más de 200 personas y tuvo bastante cobertura mediatica reseñas en los periodicos (ver enlaces prensa), aparición en los informativos de algunas radios y una entrevista de unos 15 minutos en el Hoy por Hoy de la SER local, programa que tiene una audiencia de unas 200.000 personas, la entrevista la reproducimos a continuación.
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| Tres intantaneas de la concentración marcha |
Articulos prensa
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Por una
Marea Blanca en defensa de la Salud y de la Sanidad
Manifiesto
Manifiesto
Las
entidades abajo firmantes hemos establecido nuestra voluntad de
colaboración y ayuda mutua, y queremos manifestarnos en defensa de
la salud, de los servicios de salud y contra la política de recortes
y privatizaciones en el País Valencià.
¿Por
qué hemos establecido esta colaboración?
Para ir
juntas en el camino de las acciones de denuncia por tres motivos: i)
por la degradación de los servicios y de las prestaciones sanitarias
que ha tenido lugar en estos últimos años, agravada por el manejo
de una crisis en beneficio de las instituciones financieras, ii) por
las desigualdades en salud y iii) por la mejora de nuestra salud y de
la sanidad.
i. El País
Valencià durante años, como ha documentado la Federación de
Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, se ha mantenido a la
cola en el conjunto del estado español en cuanto al funcionamiento y
a la cantidad de recursos sanitarios, y en una buena posición en
cuanto a privatizaciones y recortes. Esta situación procede de una
política de privatizaciones y externalizaciones en favor de empresas
privadas, de una situación de infrafinanciación por parte de la
administración central y de una deuda que ha ido creciendo, en buena
parte, de forma ilegítima.
ii. La
salud en nuestras ciudades y comarcas es muy desigual. Muchos años
de esperanza de vida separan a las personas que habitan en ciertos
barrios y comarcas de los que habitan en otros. La distribución
desigual de la riqueza y la exclusión son causa de nuestras
desigualdades en salud.
iii. Desde
los movimientos sociales denunciamos las políticas de recortes, de
mercantilización y de privatización de servicios, y tenemos
propuestas que se basan en, y que dan satisfacción a, las
necesidades reales de la ciudadanía.
Después de
años de vida política, si bien es cierto que rechazamos las
políticas de privatizaciones y recortes llevadas a cabo por el PP
(con la colaboración necesaria de otros partidos cuando se aprobó
la ley 15/97), debemos expresar nuestra voluntad de mantener nuestra
autonomía como movimiento por la salud y la sanidad, así como
nuestra independencia de las necesidades de partidos, gobiernos e
instituciones.
Nuestro
manifiesto se centra en 3 ejes: la salud y sus determinantes, la
sanidad y sus principios rectores, y sobre los recortes y
privatizaciones así como sobre los factores que los determinan.
Algunos de sus elementos centrales son los siguientes:
Eje I.
Por ciudades sanas, saludables, libres de contaminación, solidarias,
ecológicas y habitables:
- Hacia
la desaparición de las desigualdades sociales entre los barrios de
nuestras ciudades y entre las comarcas de nuestro País, con
oportunidades para el ejercicio físico, la ayuda mutua y la
sociabilidad.
- No
debe haber barrios que sean objeto de discriminación ni tratados
como guetos.
En la ciudad de Alacant se requiere de una intervención urgente en
el cementerio-llano del espartal, y es inaceptable la segregación
que se hace del II sector de Juan XXIII, la cuesta, el edificio
Garbinet, la plaza de Oran y alrededores, solares de san anton y
carolinas bajas, los pisos del patronato en san blas o del IVVSA en
el barrio Jose Antonio, el techo del puente rojo o la pinada del
campo de futbol, los 60 años de Ciudad de Asis, los quintos pisos
sin ascensor de la Virgen del Remedio. Es fundamental que el
ayuntamiento atienda con criterios de equidad (que no de igualdad) a
toda la ciudad.
- Contra
la pobreza, el paro y la desigualdad social y de género: dotar de
los ingresos mínimos que garanticen a todas las personas su dignidad
por el hecho de ser persona. Por una renta básica. Por el reparto de
los trabajos ("trabajar
menos para trabajar todas").
- Por
la paralización de los desahucios. Un factor que es causa conocida
de suicidios, depresión enfermedad y hambre.
El acceso a una vivienda digna y
adecuada es un derecho inalienable y una necesidad basica. Nadie en
viviendas precarias o en situación de pobreza energética. Declarar
el PV un país libre de desahucios. Fomento del alquiler social.
- No
debe haber lugares inaccesibles para las personas con movilidad
limitada.
Por el reconocimiento del derecho a la realización personal para las
personas con autonomía limitada. Por la atención a la dependencia
como un derecho humano. Por vivienda pública para las personas con
diversidad funcional o movilidad reducida. Por servicios comunitarios
de vivienda (con grados diversificados de supervisión) y de dia 100%
públicos bajo control social. Cumplimiento correcto y no
privatizador de la Ley "de dependencia". Creación de
viviendas adaptadas. Planes específicos para la adaptación de las
viviendas. Bolsa de vivienda de intercambio como medio para obtener
una vivienda pública adaptada. Todas las viviendas y servicios
públicos deben se accesibles para las personas con movilidad
reducida.
Eje II.
Por una sanidad al servicio de la ciudadanía
- Por un
único sistema de salud de cobertura universal (lo que supone la
derogación del RD 16/2012 y la supresión de las mutualidades y
seguros privados financiados con dinero público), gratuito en el
uso, y equitativo en su accesibilidad (lo que significa una mayor de
posibilidad de uso en función de un mayor nivel de necesidad).
- Por
el desarrollo de los Equipos de Atención Primaria, equipos
interdisciplinares que dan una atención multidimensional, y que
cuentan con la participación de usuarios y usuarias en su
funcionamiento. Es necesario inclinar la balanza en favor de la
Atención Primaria, y hacer que la atención se organice desde la
comunidad y no desde el hospital.
- Por
una salud pública integral y comunitaria: primar la prevención y
las medidas de promoción de la salud de la comunidad, incidiendo
sobre los determinantes de la salud colectiva, como la pobreza y la
desigualdad, el machismo, la homofobia y la intolerancia, el maltrato
y la violencia. Por una atención integral que tome en consideración
el contexto social de las personas y la perspectiva de género.
Información pública y detallada sobre la mortalidad y la morbilidad
con el objetivo de conocer los problemas de salud de los barrios,
municipios y comarcas. Transparencia en la informacion sobre
contaminacion ambiental y consumo de alimentos. Información sobre la
calidad nutricional de la alimentacion en comedores colectivos
publicos.
-
Proponemos
el control social y democrático de los servicios sanitarios, por una
desjerarquización de su gestión, por la participación con
capacidad de decisión (con voz y voto) de usuarios y usuarias, de su
gente trabajadora y de la población (la gestión tiene que ir de
abajo ‐desde la gente‐ hacia arriba y no al contrario). Esta
participación desde abajo significa poder decidir sobre la
distribucion local de los recursos económicos. Es
necesario desarrollar una política de formación de la ciudadanía
para garantizar su participación en condiciones de igualdad real con
los profesionales.
-
Por la reducción de las listas de espera: su reducción significa,
en el País Valencià, aumentar la contratación de personal y la
ampliación de los servicios públicos salud, que acabe con las
derivaciones a la sanidad privada.
-
Por
una atención integral de las personas con discapacidades múltiples
en los servicios sanitarios con la participación y control de las
personas afectadas y su entorno. Por un desarrollo de los servicios
públicos que permita que la atención se oriente hacia una
normalización de la vida (conseguir que se desenvuelva de la forma
más autónoma posible) de las personas con discapacidades múltiples.
Por una formación específica del personal sanitario, de psicología
y de trabajo social para dar una asistencia integral adecuada a las
personas con discapacidades múltiples. Garantizar una atención
coordinada para las personas con autonomía limitada con problemas
múltiples de salud.
Contra las
políticas publicitadas de "autocuidados" de las personas
con dependencias y problemas "crónicos" las cuales, en
realidad, bajo una terminología progresista y mecanismos como la
"telemedicina" significan desinversión en recursos humanos
públicos y abandono. El empoderamiento de las personas y las
comunidades para progresar en salud y en integración necesitan más
recursos humanos públicos.
Contra la
ideología mercantilista y excluyente de la "cronicidad":
por una atención integral de los procesos complejos y de evolución
prolongada en el hospital general cuando se requiera hospitalización;
contra los "Hospitales de Atención a Crónicos y Larga
Estancia" (HACLE) u hospitales de "crónicos".
Por la
inclusión de nuevos agentes de salud (pacientes expertos, agentes
comunitarios de salud ...) y por la facilitación de los grupos de
ayuda mutua.
Por la
prescripción enfermera.
Por
políticas comunitarias públicas de salud mental que se centren en
la libertad y en la autonomía de las personas que sufren
enfermedades mentales. Contra los servicios manicomiales existentes
en el País Valencià (Centros Específicos para Enfermos Mentales,
residencias, hospitales psiquiátricos, y el hospital psiquiátrico
penitenciario). Por el desarrollo de los servicios comunitarios de
salud mental (hay que recuperar y desarrollar los equipos de apoyo
domiciliario, la atención psicológica y social).
Derecho
a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público, y
sin penalización en el Codigo Penal, que empodere a las mujeres como
personas autónomas y con derecho a decidir sobre su cuerpo, y que
vaya acompañada de acciones de educación sexual y afectiva para a
toda la población. Derogación de la contrareforma legal del PP.
Por el
derecho a decidir sobre nuestra muerte. Por el derecho a una muerte
digna y a la eutanasia. Por la despenalización y por la regulación
legal del derecho a la eutanasia. Eliminar el estigma y la
invisibilización social relacionados con la muerte.
Por
el desarrollo de cuidados paliativos de calidad para el 100% de la
población.
Por
la despatologización de la transexualidad (por que la transexualidad
no sea considerada una enfermedad). Garantizar el acceso de las
parejas de lesbianas a la fecundación in vitro.
Aumento
de la inversión pública en la formación de l@s profesionales
sanitari@s. Contra la privatización de los estudios de Ciencias de
la Salud, tanto en la universidad como en el posgrado. Desarrollo de
una formación de los profesionales desde los pacientes como
expertos. Desarrollo de una formación de los profesionales en base a
las necesidades de la población. Por la inclusión en la formación
de los profesionales de aspectos no considerados actualmente como los
cuidados paliativos, el conocimiento de los derechos de los
pacientes, de la eutanasia, de la interrupción voluntaria del
embarazo, de las enfermedades desde el punto de vista de género, de
los procedimientos de integración social para las personas con
discapacidad somática o psíquica, y por la formación en entrevista
clínica.
Por una
investigación pública y no al servicio de las empresas
farmacéuticas. Por una financiación pública con dotación
presupuestaria específica para investigación de enfermedades
mentales, "raras" y degenerativas.
Creación
de una industria pública del medicamento. Dispensación de los
medicamentos en los centros de salud.
Según
los informes de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud
Pública, el País Valencià tiene los peores servicios de salud de
todo el estado y, por ello, proponemos el aumento de la inversión
pública en los mismos. Para ello hay que aumentar la recaudación,
recuperar impuestos directos y aumentar la presión fiscal sobre las
rentas del capital y las grandes fortunas. Por el incremento de la
financiación por parte de la administración central. Por el
resarcimiento de la "deuda histórica" acumulada por la
admininstración central con respecto al País Valencià. Por el
establecimiento de unos principios éticos en los que basar la
inversion sanitaria de forma que esta sirva para satisfacer la
necesidades reales de la población.
Eje III.
Contra los recortes, copagos, la mercantilización y las
privatizaciones, por una sanidad 100% pública.
- En
contra de la mercantilización, de la privatización de la gestión y
de la externalización de los servicios asistenciales y no
asistenciales. Hay que parar las privatizaciones mediante la
movilización ciudadana y la presión social, recuperar lo
privatizado porque la privatización aumenta el gasto sanitario y
deteriora la calidad de la asistencia, lo cual supone un aumento de
la morbilidad y mortalidad de
las personas
usuarias. Esto supone la derogación de la ley 15/97 y de la
normativa "autonòmica" que la desarrolla.
-
Eliminación de los copagos/repagos ya que suponen una barrera al
tratamiento para las personas con mayor nivel de necesidad o de
pobreza, y, por tanto, el empeoramiento de su salud y un aumento
secundario del gasto sanitario.
- Por la
derogación del decreto 74/2015 de la Conselleria de Sanitat de
"libre elección" y de área única. Contra las unidades de
gestión clinica.
- Por
una Auditoria Ciudadana de la Conselleria de Sanidad, que abra sus
libros de cuentas, que determine los aspectos de ilegalidad e
ilegitimidad que permitieron privatizar o recortar servicios, y que
posibilite retornar a lo público los servicios privatizados. La
Auditoria debe exigir responsabilidades penales a los implicados en
acciones ilegales.
- Por
la Auditoria Ciudadana de la Deuda Pública, por una Moratoria
inmediata de su pago (la Deuda es el mecanismo actual y la excusa
para recortar y privatizar los servicios públicos). La deuda es un
yugo que nos condena al paro, a la pérdida de unas condiciones
dignas de vida y, por lo tanto, a una menor y peor salud así como a
un aumento de la mortalidad. Por la derogación de la reforma del
artículo 135 de la Constitución (que da prioridad absoluta al pago
de la deuda sobre la inversión en servicios públicos). La auditoría
ciudadana debe identificar qué parte es ilegítima y qué parte
habría que pagar.
Contra los
tratados de libre comercio (TTIP, TISA y CETA). Estos tratados
favoreceran a los lobbys industriales frente a los derechos de la
ciudadanía, conduciran a una mayor mercantiilización y
liberalización de los servicios públicos, y tendrán como
consecuencia un deterioro en la asistencia sanitaria, en la salud
publica, en el medio ambiente y en los derechos laborales. Por un
comercio justo.
8 de juny
de 2015
ACDESA-PV (grup d'Alacant), Alicante accesible, CCOO, CGT, Colla
Ecologista-Ecologistes en Acció, Derecho a Morir Dignamente, Grupo
de Cooperación de Enfermería, Intersindical Salud, Marea Roja
Alacant, Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, Plataforma contra
la Pobreza, Plataforma de la Dependencia, Plataforma de Afectados por
la Hepatitis C, Stop-Desahucios, Toma la Plaza-15M, UGT
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