Por qué es necesaria la Amnistia social

En las situaciones de “crisis”, cuando el sistema ejecuta medidas con las que recuperar o ampliar el margen de beneficio perdido, surgen reformas cuya función es delimitar el ámbito jurídico de actuación de las medidas llevadas a cabo, o por llevar, para ampliar dicho margen de beneficios. Las medidas que se tomen pueden abarcar a ámbitos diferentes, el internacional, estatal, etc... y como consecuencia de ello las reformas abarcaran dichos ámbitos para así cumplir las funciones que se le encomienden, entre ellas, reprimir, silenciar y domesticar la protesta que puedan generar.

Este nuevo intento, que debemos afrontar, de silenciar a la sociedad, surge, precisamente, en un contexto socioeconómico debilitado y en el que se han aplicado y se aplican agresivas medidas de recortes sociales de los Gobiernos autonómicos, estatales o supraestatales. Medidas que han generado movilizaciones, denuncias y protestas pacíficas de la ciudadanía, movilizaciones que en algunas ocasiones habían desarbolado la normativa legal en vigor .

Las principales medidas jurídicas a las que nos enfrentamos son dos:

• El Tratado del TTIP, todavía no aprobado, que pretende delimitar el ámbito jurídico internacional que permita a las multinacionales la libertad de acción que necesitan para el aumento del beneficio buscado.
• Y las llamadas leyes mordaza, (Ley 1/2015 Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, Reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, Ley orgánica 2/2015 Reforma del Código penal en materia de terrorismo,...) leyes destinadas a controlar o reprimir el descontento social generado por las medidas implantadas.

Estas reformas legislativas, las llamadas leyes mordaza, encajan a la perfección en un contexto económico de recortes hacia lo público, de reacción ciudadana, de incremento de movilización social y de aparición de nuevas formas de protesta, pero, sobre todo, demuestran una clara indiferencia del Gobierno por el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Estas leyes no son algo nuevo, son reformas de lo ya existente y pretenden perfeccionar el control y la represión ante la falta de cobertura jurídica de algunas actuaciones policiales llevadas a cabo en los últimos años. Años en los que la represión ha sido continua (infinidad de multas, montajes policiales, detenciones arbitrarias, juicios amañados, etc. lo demuestran) y que, hay que recordar, se ha llevado a cabo bajo el amparo de las leyes anteriores que ahora se reforman porque se han quedado cortas, por ello la lucha contra las leyes mordaza no se tiene que limitar a paralizar estas últimas reformas, sino que tiene que desenmascarar el proceso de limitación de libertades iniciado hace 30 años a partir de la firma de la carta única de la unión europea.

Proceso que se ha agudizado mediante reformas guiadas por el concepto de derecho penal de la peligrosidad, mediante el cual el Estado pretende tener todo controlado, supervisar todas las actividades que hacen sus ciudadanos para que aquella que se salga de la norma sancionarla.

Tradicionalmente el bien jurídico protegido era la persona y sus derechos, ahora con estas nuevas reformas los bienes protegidos son "la tranquilidad ciudadana " y "la paz social", conceptos que enmascaran la necesidad que tiene el Poder de defenderse frente a posibles "amenazas". El proceso no es exclusivo del Estado español, lo inicia Francia con el gobierno de Sarkozy y su reforma del Código penal donde se crean delitos como la mendicidad coactiva o la reunión de tres o más menores. En el Estado español nace con las ordenanzas municipales, normativas que regulan cualquier comportamiento en la vía pública y exigen la solicitud de autorización para casi cualquier actividad pública, el primer ayuntamiento que legisló en este sentido fue el ayuntamiento de Barcelona bajo mandato socialista.

Ahora el proceso se ha generalizado mediante promulgación de las últimas leyes. Leyes que giran alrededor de una de ellas, la Reforma del Código penal, que posibilita y legaliza a las demás. Por ello la lucha por la justicia social debe de pasar por exigir una AMNISTIA SOCIAL.

Una Amnistía social para que cesen las represalias contra las personas, por el solo hecho de pedir el fin de los desahucios, buscar comida en las basuras, y un largo etcétera de despropositos que avergüenza a cualquier persona con un mínimo de dignidad. Una Amnistía social que suponga la DEROGACIÓN INMEDIATA de todas la LEYES REPRESORAS y sobre todo las últimas legisladas.

No pedimos que nos perdonen por haber arriesgado nuestros sueldos y puestos de trabajo, nuestra seguridad e integridad física por luchar contra lo que estamos sufriendo. No pedimos ni clemencia ni indultos, reclamamos y exigimos justicia social.