En
2018, año en el que se puso en marcha la RVI, se elaboró el VIII
informe Foessa /1.
Un informe que analizaba la situación de pobreza en el País
Valenciá en el periodo que va de 2008 a 2017. En él se puso en
evidencia que “si
bien la renta media de la población valenciana se ha reducido en un
2,9%, quien ha soportado en mayor medida los efectos de la crisis ha
sido el grupo poblacional con menos ingresos, que ha visto mermada su
renta en un 11,5%. Por el contrario, el 20% de la población más
rica ha incrementado su renta en un 3,6%.”
La instantánea que dejó dicho informe
fue que en 2018 un 51% de la población del País Valenciá se
hallaba en integración plena, un 28,7% en integración precaria, un
10,8 % en exclusión moderada y un 9,5% en exclusión severa.
Por lo que algo más de un millón de personas, el 20,3% de la
población, se hallaban en situación de exclusión,
una exclusión donde la
desigualdad y la pobreza económica son los factores clave.
El
informe Foessa también detectó “la
existencia de un cierto riesgo de cronificación de estas
situaciones, e incluso de polarización de la estructura social”,
pues el mantenimiento de un amplio espacio de
exclusión con más de un millón de personas se asoció con una
reducción muy importante del espacio intermedio de la inclusión
precaria. Dicha cronificación de la pobreza se veía reforzada por
la trampa que ha supuesto la precarización del empleo. El Informe
documentó que “el
47,6% de los hogares en situación de exclusión social estaban
sustentados por una persona ocupada en el mercado laboral”.
Dada la precariedad y los bajos salarios, tener
un empleo no permitía, ni permite, abandonar las situaciones de
pobreza y exclusión.
En
este contexto social, con más de un millón de personas en
exclusión, de las cuales unas
470.000 personas en exclusión severa,
la vicepresidenta primera de la Generalitat, Monica Oltra, presentaba
la nueva Renda Valenciana d´Inclusió (RVI). La RVI supone el
reconocimiento de un nuevo derecho, al igual que la sanidad y la
educación, aunque no universal, destinado a las personas con
ingresos por debajo del "umbral de la pobreza" (el 60% del
ingreso medio). Este derecho, en el estado español, solo existe en
Euskadi, Nafarroa, Catalunya y el País Valencià. A diferencia de
otras rentas de protección, al ser un derecho, si se cumplen los
criterios no se puede negar por falta de presupuesto. Es decir, no es
"graciable". Según declaró Oltra en su presentación, en
abril de 2018, la RVI "aspira
a proteger a unos 45.000 titulares (hogares) y 119.700 beneficiarios
este año, (la
renta actual llega a 15.000 titulares y 45.000 beneficiarios) y a
94.200 titulares (hogares) con un total de 244.000 beneficiarios en
2020 mediante el reconocimiento del derecho subjetivo a una cobertura
única para personas y familias sin ingresos, y que engloba todas las
prestaciones, reduce la burocracia y se mantiene indefinidamente
mientras persista la situación.”
/2
Como
todas las demás leyes que regulan las rentas mínimas, la RVI
adolece de un diagnostico claro de las
causas de la pobreza, es decir de los motivos de las desigualdades de
ingresos, de porqué una minoría acumula una buena parte de la
riqueza social en detrimento de su justo reparto. Su
función es la de gestionar la pobreza para evitar conflictos
sociales. Para ello, busca disminuir las situaciones de pobreza grave
-lo que no carece de interés- pero no está diseñada para afrontar
el reparto social de la riqueza ni para modificar las razones
sociales que lo impiden.
Pero
en lo que nos vamos a centrar es un balance del cumplimiento de las
aspiraciones que la vicepresidenta del Consell anunció hace 2 años.
El
pasado 8 de abril, la Vicepresidenta y Consellera de Igualtat i
Polítiques Inclusives declaró que las ayudas a la dependencia y a
la Renda Valenciana d´Inclusió, "llegan
a 135.215 familias que, este mes, han cobrado las distintas
prestaciones, cuya tramitación se ha garantizado desde que se
iniciara el estado de alarma por la pandemia de COVID-19. Los pagos,
que se hicieron efectivos dentro de los cinco primeros días hábiles
de mes, tal y como establece el compromiso adquirido por la
Conselleria, benefician a 42.213 familias en el caso de la renta
valenciana de inclusión y a 93.002 personas en situación de
dependencia, que son atendidas a través de un servicio o una
prestación económica.” 3/
Que la RVI llegue a 42.213 familias supone solo algo más de la
mitad de lo que fue previsto hace 2 años. Lo que no dijo es que, a
día de hoy, hay miles de solicitudes de RVI que aun no han recibido
la prestación, solicitudes que llevan esperando entre 9 y 18 meses,
un tiempo que supera con creces los 6 meses previstos en la ley y que
está generando multitud de situaciones de intenso dolor.
¿Qué
puede haber evitado que a estas alturas se esté tan lejos de cumplir
aquellas previsiones? Varias son las razones causantes de esta
situación de desamparo y bloqueo, razones que vamos a intentar
aclarar.
La
primera está relacionada con el presupuesto. ¿Se ha dotado la RVI
con el presupuesto suficiente? El dinero presupuestado inicialmente
ha sido claramente inferior al que se destina en Euskadi a la Renta
de Garantía de Ingresos. Euskadi dedica el 0,4% de su PIB a la RGI.
Los 121 millones destinados en 2018, los 139,9 millones destinados en
2019 y los 229,2 millones, que con la ampliación presupuestaria del
pasado 30 de abril, han sido destinados hasta ahora en 2020, suponen,
respectivamente, el 0,11, el 0,13 y el 0,21 del PIB del País
Valencià.
Esta
falta de dotación de un presupuesto suficiente puede ser debida,
quizás, a problemas internos del Govern de la Generalitat en la
distribución de los presupuestos entre las consellerías, al cada
vez mayor pago anual de la deuda que padece el País Valencià, así
como a la infrafinanciación a la que está sometida esta autonomía
por el gobierno estatal. La deuda total del País supone el 50% de su
PIB y el pago anual del servicio de la deuda (la amortización de la
deuda vencida más los intereses totales de ese año) supone el 25%
del presupuesto. Por otra parte, el País Valencià es la autonomía
peor financiada del estado. Infrafinanciación que ya nadie discute
porque los datos son claros y precisos. Es quizás esta falta de
presupuesto una de las razones del empecinamiento de la consellería
en incumplir su propia ley y no aplicar el silencio administrativo
que figura en el artículo 28.2B de la ley (aplicación que exige el
mismo Sindic de Greuges /4).
Deficiencia presupuestaria que es un “runrún” que suena cada vez
más, algo que algunas trabajadoras sociales manifiestan con
afirmaciones como ésta “Ya
nos han avisado la semana pasada desde Conselleria que no pidamos que
se les pague a las familias con solicitudes posteriores a octubre de
2019 porque no hay consignación presupuestaria” /5
o que algunas afectadas denuncian con
aseveraciones como que “esta mañana
me puse en contacto con mi asistenta social y me dijo que sobre la
renta valenciana de inclusión lo único que sabía era que Valencia
se había quedado sin fondos para pagar las nuevas rentas y que les
había pedido a ellas que hicieran una evaluación de las personas
más vulnerables para poder pagar esas rentas”. Sin
embargo, altos cargos de la CIPI niegan que haya un problema de
presupuesto. Ojalá fuera así. En este sentido, es llamativa la
noticia de la ampliación presupuestaria de la RVI, en 50
millones de euros, que ha hecho la Generalitat y que se aprobó el
pasado 30 de abril, días después de que el "runrún" estuviera circulando por las redes o de forma presencial se lo dijeran a algunas personas que preguntaban sobre su solicitud. /6.
La
segunda tiene que ver con que la afirmación de que la RVI “reduce
la burocracia” no se ha cumplido.
Cuando Mónica Oltra hizo esta
afirmación hace dos años ¿desconocía con antelación las
situaciones que podían ralentizar o bloquear su aplicación? La
realidad es que la tramitación de la RVI ha conllevado una nueva e
intensa burocracia, algo de lo que altos cargos de su conselleria
eran conscientes y que han reconocido en reuniones con personas de la
Asamblea de Afectadas por el Caos en la RVI. Infinidad de documentos
a presentar y tres revisiones de los mismos (una por el centro
social, otra por la concejalía municipal y una tercera por la
dirección territorial de la Generalitat) atestiguan la engorrosa
burocracia de la tramitación de la RVI. Múltiples bloqueos pueden
aparecer en esta cadena de revisiones, y uno solo de estos ya es
suficiente para bloquear la recepción de una ayuda que permitiría
sobrevivir a una familia.
La
tercera se deriva de haber encuadrado esta ley dentro de un proyecto
de inclusión social centrado en los servicios sociales municipales,
cuando esta renta tiene que ver con un problema meramente económico,
un problema de reparto de la riqueza que no
se ha querido abordar. Por ello esta ley, en primer lugar,
encara las situaciones de pobreza como un supuesto problema
individual que deben gestionar los servicios sociales. Y, en segundo,
se ha configurado, en parte /7, como una
herramienta con la que llevar a cabo un proceso de reeducación
laboral y social sometiendo a "itinerarios" a las personas
perceptoras de la renta. Implícitamente, el uso del trabajo social y
de los "itinerarios" supone asumir que quienes están en
situación de pobreza son responsables de la misma, y que necesitan
ayuda profesional especializada para superarse e incorporarse al
libre mercado (al tiempo que a los dueños de las empresas el estado
les libera, colectivamente, de cargas fiscales). A partir de estas
premisas, la ley delegó la gestión de la RVI en los servicios
sociales de los ayuntamientos. Esta delegación, entre otras cosas,
ha supuesto una fuente imprevista de bloqueo en la cadena de su
aplicación ya que muchos ayuntamientos, tanto por intereses
políticos de confrontación con los partidos de gobierno de la
Generalitat, como por una oposición frontal al reconocimiento de las
prestaciones sociales como derechos, han boicoteado la aplicación de
la ley. Este bloqueo ha provocado retrasos de más de 10 meses en la
fase de revisión municipal de la RVI.
Se
requiere voluntad política para afrontar la única medida capaz de
eliminar las bolsas de pobreza cada vez más insostenibles y que,
como detalla el informe FOESSA, son cada vez más crónicas, el
reparto justo de la riqueza generada socialmente.
Ademas
de la pobreza generada por el funcionamiento del sistema económico,
con la epidemia del Covid19 ha surgido un nuevo foco de aumento de la
pobreza. El control de la epidemia ha supuesto, y supondrá durante
un tiempo, la paralización de la vida económica. Esta paralización
ha generado que la vida de miles de valencianas, ya sometidas a
condiciones laborales extraordinariamente precarias en, por ejemplo,
el trabajo doméstico, trabajos precarios, el trabajo sumergido o en
la prostitución, se haya visto golpeada fuertemente al perder sus
escasos ingresos. Por ello, junto a la aplicación de la RVI son
necesarias nuevas ayudas de emergencia social de aplicación
inmediata, como las señaladas por la Marea Blanca de les comarques
del sud del País Valencià /8, ayudas
que, en gran medida, se están llevando a cabo a través de redes de
apoyo mutuo /9 que intentan suplir el
vacío que la caótica actuación de las instituciones ha dejado./9 bis
Para
hacer frente a esta emergencia, por su parte, el gobierno estatal ha
hecho una propuesta denominada Ingreso Mínimo Vital. No está claro
que esta medida simplifique el panorama de los subsidios, si no que
bien puede complicarlo más aún si cabe. Por otra parte, no aporta
nada nuevo pues “además
del requisito de carencia de rentas suficientes (cuyo umbral aún se
desconoce), el cobro de esta ayuda tendrá otros “condicionantes”
como cumplir con el itinerario que la Administración diseñe para
sus beneficiarios. Concretamente, se trataría de vincular el ingreso
mínimo vital a “itinerarios de inclusión” que podrán ser en el
terreno laboral, guiando a los beneficiarios a encontrar un trabajo,
“pero puede haber itinerarios de otro tipo” para personas con
enfermedad mental, problemas de drogas o "analfabetas o sin
ninguna cualificación” /10,
indicó el ministro Escrivá.
Este
proyecto del gobierno estatal es “un
puzzle en el que han que encajar muchas piezas: ha de ser eficaz para
mitigar la pobreza, tiene que ser aceptable socialmente, ha de ser
'aprobable' por los partidos políticos, debe integrarse con el
sistema de rentas mínimas de las autonomías y tiene que ser
financiable.” /11
cuyo “coste
total se estima en cerca de 5.500 millones de euros anuales, que se
irá rebajando a lo largo del tiempo, a medida que la renta mínima
vaya absorbiendo otras ayudas sociales, algunas a cargo de las
Comunidades Autónomas.” /12.
Queda claro que,
además de no aportar nada nuevo a lo existente, supone una
centralización que va generar un conflicto con las rentas
autonómicas, rentas deficientes en gran medida por la falta de
financiación que el diseño territorial somete a las autonomías.
Quizás
un planteamiento que reforzara la descentralización, que derivara su
coste (los 5.500 millones estimados) más el coste de otros subsidios
como el Prepara o la Rai, a reforzar los presupuestos de las rentas
autonómicas con el criterio de reformularlas bajo las
premisas de estar dirigidas a las personas y no a las unidades
familiares, de no tener contraprestaciones, de abonar una cantidad
suficiente y digna, de ser gestionadas fuera de los servicios
sociales y tramitadas de manera ágil con la mínima documentación
necesaria, sería una propuesta más seria. Una
propuesta de un derecho social de aplicación inmediata y sin
burocracia. Una propuesta que gestionada desde el País Valencià
fuera, por su cercanía, sencilla de ser supervisada y controlada en
su dotación y aplicación por los colectivos a quienes afecta. Una
propuesta que, en definitiva, abriera el camino hacia la implantación
de la Renta Básica de las Iguales. Pero
ni la supervisión y el control, ni el avance, que
supondría dicha reformulación, se podrían materializar sin la
movilización social.
Asamblea
de Personas Afectadas por el Caos en la RVI
