Porque somos personas, no objetos desechables, Renta Básica de las Iguales

"¡Ay que pena! ¡Ay que pena! Este gobierno no se entera" fue el lema de la Performance con la que cortamos, el pasado 20 de diciembre, la Rambla y manifestamos, una vez más, nuestra repulsa a la gestión de la RVI y a la ley misma. Una ley que como hemos dicho muchas veces no afronta la pobreza y la desigualdad que padecemos desde una perspectiva de justicia, las afronta desde un asistencialismo intervencionista. Al publicar el vídeo de la acción elaborado por el Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales nos surge una pregunta ¿Qué está pasando en esta ley qué hace necesaria nuestra intervención para que muchas personas logren cobrarla?

¿Qué está pasando en la Renta Valenciana Inclusión qué hace necesaria la intervención de los colectivos para que muchas personas logren cobrarla?

Es una pregunta clave. Tenemos la impresión de que si no intervenimos como Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales muchas personas no lograrían cobrarla y subsistir. La Generalitat ha planteado que la gestión de la Renta la tienen que llevar los servicios sociales municipales. Argumenta que como Conselleria no puede contratar el personal que es necesario para agilizar su tramitación, al estar la administración autonómica intervenida por el gobierno central, pero sí dar el dinero para que los consistorios lo contraten. Por ello, según la Conselleria, la gestión de la Renta Valenciana la han tenido que pasar a los ayuntamientos. Pero éstos, según su signo político o según su actitud ante la pobreza y la exclusión, son más o menos ágiles en revisar los expedientes.

¿Tenemos desde los colectivos que detectar donde se hallan los atascos y ayudar a deshacerlos?

Aunque lo hacemos y lo seguiremos haciendo, no creemos que esa sea nuestra labor. La Renta Valenciana es una ley atacada por los ricos que plantea el derecho a la supervivencia, pero lo plantea desde una visión asistencialista e intervencionista en la vida de las personas. Es una ley que dota a los servicios sociales de un poder preocupante, sobre todo desde la modificación que deja en ellos la aprobación de la misma. Y decimos que es preocupante porque los servicios sociales municipales, tal como están constituidos o como trabajan en la mayoría de los casos, funcionan como medios de control y reeducación de la gente sin recursos económicos para subsistir bajo la escusa de una "integración social". Integración que es entendida como la adaptación a lo existente, porque lo existente "es lo que hay" y hay que aceptarlo, y en donde el problema está en las personas y no en el sistema que crea la pobreza. Ante esta forma de funcionar, que no compartimos, algunos colectivos sociales nos vemos obligados a intervenir.

Cómo colectivo ¿cual es nuestro trabajo?

Nuestro trabajo es denunciar las situaciones de pobreza y exclusión que nos afectan y que fomenta este sistema, plantear propuestas de transformación que se encaminen hacia el reparto de la riqueza como medio para acabar con dichas situaciones, y generar espacios de encuentro y apoyo mutuo para afrontar la lucha que dichas propuestas exigen.

Tenemos claro que la ley de la Renta Valenciana de Inclusión no es el camino para esa transformación necesaria. Aunque palíe injusticias, es un callejón sin salida para la gente que la necesitamos. Un callejón con muchas trampas y trabas que las personas que la solicitamos tenemos que salvar para al final acabar en una intervención social entendida, como hemos dicho antes, como un obstáculo a la transformación de la vida en algo digno de ser vivido.

La "intervención social", como parte del trabajo de los servicios sociales, en el caso de que fuera necesaria, debería ir encaminada a dotarnos a las personas de las herramientas necesarias para afrontar de manera comunitaria los problemas que nos impiden llevar una vida digna. Pero, tristemente, dicha "intervención" suele desplazar del foco de la atención las cuestiones sociales relacionadas con la injusticia y la desigualdad, para centrarse en la modificación de la actitud “anómala o disfuncional” de la persona o de la familia "intervenida", en su preparación para competir de acuerdo con las reglas que impone el mercado. En otras palabras, quienes accedemos a una prestación social debemos comprometernos ante los servicios sociales a mejorar nuestra capacidad para competir por un empleo, pues el empleo es el dogma incuestionable y el único mecanismo de integración que acepta este sistema.

La ley de la Renta Valenciana de Inclusión lleva inscrita esta visión. Exige un proceso en el que las personas debemos aceptar la supervisión de nuestras vidas por parte de los servicios sociales, los cuales, como hemos dicho anteriormente, tienen el poder de decidir si debemos cobrarla.

Además, en su aplicación práctica, supone largos periodos de espera y sufrimiento. Hay muchos motivos materiales para estos periodos de espera, pero, en el fondo, subyace la necesidad de supervisar nuestras vidas hasta en sus más mínimos detalles.

Por ello, como ya hemos reiterado otras veces, toda ley de Renta económica tendría que abordarse, como mínimo, mediante unas premisas que abran el camino hacia la Renta Básicas de las Iguales, premisas que volvemos a proponer a continuación:

1. La Renta Valenciana de Inclusión es una renta contra la exclusión económica. Por ello, no debería exigir contraprestaciones que obliguen a las personas. Y tendría que gestionarse desde oficinas comarcales de la Generalitat y no desde los Servicios sociales municipales.
2. Que como derecho, la Renta Valenciana de Inclusión debería ser individual y concederse a toda persona mayor de edad con falta de ingresos.
3. Que la cantidad tendría que ser suficiente y digna.
4. Que debería ser una renta accesible y eficaz. Dado que la situación de falta de ingresos es fácilmente comprobable y que la administración tiene medios para poder hacerlo, su tramitación tendría que ser eficiente y la ley debería garantizar un plazo máximo de tres meses para el acceso a la renta.

Estas premisas las consideramos imprescindibles para una ley justa y transformadora, pues ya que somos personas y no objetos desechables la solución es caminar hacia la Renta Básica de las Iguales.

Asamblea de Personas afectadas por el caos en la RVI