El País valencià está a la cola, exactamente la tercera, en el nivel de cobertura de su renta mínima de inserción (RVI) en el año 2018, en concreto el 3,1%, como podéis apreciar en el gráfico publicado por la cadena SER, es verdad que la RVI estaba empezando a andar, pero a día de hoy muy poco habrá cambiado debido al caos de su gestión y a la filosofía que subyace en la misma.
Por ello la Asamblea de personas afectadas por el caos la RVI de las comarcas del sur del Páis Valencià volvemos a la calle. Os dejamos con su convocatoria. Una abraçada, la redacció.
El pasado 17 de octubre tuvo lugar
una reunión para evaluar la 1ª semana de protesta contra el caos en
la RVI. Una de las cosas que surgió en dicha reunión fue la
creación de la Asamblea de personas afectadas por la RVI, asamblea
constituida en un principio por los siguientes colectivos: Plataforma
información Derechos Sociales de
Elda-Petrer (p.informacion.ds@gmail.com),
Stop Desahucios Orihuela, RSP Torrevieja y Marea roja Alacant
(marearojalacant@gmail.com),
con su punto de Información
y Denuncia sobre Derechos Sociales.
También se acordó una 2ª
semana de protesta que se celebrará del 4 al 8 de noviembre.
Y, por qué organizar una 2ª semana
de protesta contra el caos de la RVI? Por situaciones como:
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Personas a las que le empiezan a revisar el expediente a los 10 u 11 meses y esto ocurre porque se ha ido a reclamar.
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Personal de refuerzo en los servicios sociales que terminan su contrato el 31 de diciembre y no saben si les renovaran o los enviaran al desempleo.
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Situaciones concretas como la de Hlima que la solicitó en julio de 2018, firmó la resolución en marzo de 2019 y todavía no sabe cuando cobrará. O la de Nol que la presentó el 4 de septiembre de 2018 y tampoco ha cobrado y a causa de su falta de ingresos se encuentra en la calle desde hace tres semanas. O la de Awatif y Sadia que se la denegaron a ambas pasados los nueve meses, se enteraron de palabra por la trabajadora social y todavía no han recibido la carta de la Generalitat argumentando las causas de la denegación tal como obliga la ley, las dos presentaron un recurso a ciegas el pasado 8 de agosto y a día de hoy siguen sin recibir noticias. O la de Vicent que vive en la calle en la ciudad de Alacant desde hace 7 años y logró empadronarse, como mucha otra gente que vive en la calle, en la sede de la concejalía de Servicios Sociales en el año 2015 y ahora la oficina de estadística de esta ciudad se niega a darle el padrón histórico, documento imprescindible para solicitar la RVI.
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Personas que cuando les revisan la solicitud está mal cumplimentada porque nadie les explicó con claridad como había que rellenarla y tampoco se la revisaron antes de llevarla al registro.
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Personas con amenaza de desahucio por deber tres o cuatro meses de alquiler y que no entienden porque tarda tanto en llegar el dinero de la renta.
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Promesas de la Generalitat de que van a intentar resolver este caos en el menor tiempo posible, un tiempo que se hace eterno para las personas que lo están sufriendo.
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Necesidad de que todas estas situaciones y muchas otras, que no se han manifestado, sean conocidas y no queden sepultadas por la vorágine mediática, como lo están siendo por la fría burocracia.
Estas situaciones se podrían
resolver rápidamente aplicando el silencio administrativo que recoge
la ley, ya que pasados los nueves meses de solicitud tienen derecho a
cobrar al menos el primer año y en el caso de que tras la revisión
anual no les pertenezca se les cancela y si lo que falta es algún
documento se le solicita y se activa el segundo año.
Pero no estamos aquí solo por lo
explicado anteriormente. Estamos también para volver a denunciar que
el problema no es solo de gestión de la ley, por muy indolente que
sea ésta. El verdadero problema es que la ley está concebida desde
una óptica de control de la personas en situación de pobreza, no
desde un planteamiento de reparto de la riqueza, por ello además de
lo urgente, pago rápido a todas las personas que llevan 9 meses o
más esperando, está lo fundamental: Reformular la ley de
acuerdo a unas premisas que abran el camino hacia la Renta Básicas
de las Iguales, premisas que proponemos a continuación:
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Dado que ésta es una Renta contra la exclusión económica que no tenga contraprestaciones, se gestione desde oficinas comarcales de la Generalitat y no desde los Servicios sociales municipales.
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Que como derecho sea individual y se conceda a toda persona mayor de edad con falta de ingresos. Situación fácilmente comprobable.
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Que la cantidad sea suficiente y digna.
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Que sea una renta accesible y eficaz, que mediante tramitaciones eficientes garantice un plazo máximo de tres meses para el acceso a la misma. La administración tiene medios para poder hacerlo.
La lucha es el camino,
la calle el escenario
y el apoyo mutuo la herramienta.
ACUDE A LA PROTESTA
la calle el escenario
y el apoyo mutuo la herramienta.
ACUDE A LA PROTESTA
PD:
